El coordinador de los diputados del Partido Verde Arturo Escobar y Vega, sostuvo que el desarrollo económico de la región afectada por el derrame de tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi, debe ir paralelo al apoyo que urge brindar a la población que está sufriendo por los daños causados en este ecocidio.
Tras determinarse la responsabilidad de Grupo México en el desastre ecológico, el legislador señaló que no obstante de estar catalogada como una de las más importantes en el mundo como productora de cobre, la empresa no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses.
Por el contrario, dijo, Grupo México puso en riesgo al medio ambiente y las actividades productivas de la región, ocasionando un daño irreversible que afectará por muchos años a la población.
El legislador coincidió con la comisión especial, en el sentido de crear un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa, con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, recursos con los que se repararán los aspectos básicos para la reactivación económica y social de las familias afectadas.
En este contexto, Escobar y Vega informó que presentó ante el Congreso una iniciativa de ley con nuevos mecanismos más enérgicos y sanciones económicas acordes a los daños que las personas físicas o morales pudieran provocar al ambiente.
“Con la llegada de nuevas empresas en el sector energético, es necesario crear en los sectores productivos una mayor conciencia del cuidado y protección al ambiente, principalmente el respeto absoluto a las leyes ambientales”, enfatizó.
Explicó que en su propuesta destaca que se sancione de trescientos a trescientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y de mil a seis millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.
El líder del Partido Verde, precisó que el desastre social y económico que viven los sonorenses, fue producto de la negligencia de la mina Buenavista del Cobre, y en este sentido, señaló que el deterioro ambiental ocasionado por Grupo México, sentó el precedente de culpabilidad para quien lo provocó, es decir, “quien contamina paga”, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Ambiental.
“El apoyo a la población afectada no debe pasar a segundo plano, por el contrario, los tres órdenes de gobierno deben tener como prioridad ayudar a las familias afectadas y resarcir las actividades productivas en la región”, concluyó.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
