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El Informe sobre Tráfico de Personas 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos determinó que México sigue en la categoría 2 por no cumplir los estándares mínimos para erradicar el delito. El reporte, que pasa revista sobre el tráfico de personas en todo el mundo...

El Informe sobre Tráfico de Personas 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos determinó que México sigue en la categoría 2 por no cumplir los estándares mínimos para erradicar el delito

México sigue sin cumplir con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas dentro de su territorio, según el Informe sobre Tráfico de Personas 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El reporte, que pasa revista sobre el tráfico de personas en todo el mundo, dedica un capítulo a México para dejar constancia de lo que se ha convertido en un “serio problema” que, además, permanece inamovible desde hace más de 10 años, si se hace una revisión retrospectiva de los reportes anuales emitidos por el gobierno estadounidense desde 2001.

Desde ese año, México permanece en la categoría 2, de cuatro que se consideran; es decir, que las autoridades gubernamentales no cumplen con el mínimo de estándares para la eliminación de la trata de personas.

En la primera categoría entran los países “aprobados”, por sus esfuerzos contra este flagelo; la categoría 2abarca a las naciones que no cumplen con los estándares mínimos, pero hacen esfuerzos significativos para lograrlo. Luego sigue la categoría 2, lista de observación, que incluye a quienes no cumplen con los estándares y no proporcionan evidencia de estar haciendo esfuerzos importantes. La categoría 3 está integrada por quienes no cumplen ni se interesan en lograr los estándares, y pueden ser objeto de sanciones. Existe el apartado de “casos especiales”, que incluye a naciones que han sufrido graves tragedias que inciden en sus cifras de tráfico humano, como Haití.

Fuentes del gobierno mexicano aclararon ayer mismo que la categoría 2 se distingue del resto porque el país en cuestión, México en este caso, “realiza esfuerzos significativos” para eliminar el problema.

La respuesta del gobierno de México al tráfico de personas aumentó en términos de reforzamiento de la ley en el periodo reportado; los esfuerzos más severos son a nivel federal y en la capital, donde se realizaron cuatro procesamientos y sentencias el año pasado, indica el reporte de EU.

“Aún tenemos mucho por hacer”, dijo Hillary Clinton, secretaria de Estado de EU, al referir que si bien la lucha contra el tráfico de personas es una causa con gran número de adeptos en el mundo, todavía falta mucho para librar a los poco más de 27 millones de personas que son explotadas o viven en un régimen de explotación.

En el caso de México, el reporte indica que el tráfico de personas es una actividad millonaria que controlan los cárteles de la droga en complicidad con las redes del crimen organizado dentro y fuera del país; además, lo hacen con la connivencia o complicidad de las autoridades locales.

Según instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la próspera industria del tráfico de personas representa un total de casi 45 mil millones de dólares anuales. Unas ganancias que han obligado al crimen organizado y a los cárteles a diversificar sus actividades para beneficiarse de una jugosa tajada.

En 2010, indica el informe, el gobierno mexicano identificó a 259 víctimas de tráfico y ha dado asistencia limitada a las personas afectadas por este problema; sin embargo, la mayoría de los servicios sólo están disponibles para mujeres, a pesar de que durante los últimos 6 años un 60% de las víctimas fueron hombres sometidos a realizar trabajos forzados.

Al respecto, se hace hincapié en que los centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, particularmente en agricultura. El reporte no hace mención al caso de las fosas comunes donde se han encontrado los restos de inmigrantes, principalmente de Centroamérica, y en Tamaulipas.

No obstante, insiste en la precariedad de un sistema judicial donde los delitos por tráfico de personas son raramente sancionados con penas efectivas.

De acuerdo con el reporte, en 2010 la mayor parte de las víctimas de tráfico procedió de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

En ese periodo, la Fiscal Especial para la Violencia contra las Mujeres y el Tráfico de Personas investigó 76 casos de tráfico, abrió 47 procesos y logró el primer proceso y sentencia por trabajos forzados en México.

Además, el documento insiste en los casos de turismo sexual infantil como un problema, especialmente en regiones turísticas como Acapulco y Cancún, y ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez. El documento precisa que la mayor parte de los turistas sexuales proceden de Estados Unidos, Canadá y Europa occidental, “aunque algunos son mexicanos”.

En este marco, el reporte recomienda mejorar la coordinación de las autoridades locales, estatales y federales y proseguir con el entrenamiento de los distintos cuerpos de migración, seguridad y el aparato judicial para identificar a las víctimas del tráfico inhumano.

Fuente: El Universal, 28 de Junio 2011

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