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A más de dos años de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, el diputado Raúl Nava Vega, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consideró necesario hacer una revisión a fondo de este ordenamiento para mejorar su ejecución.

México D. F., a 28 de febrero de 2011

Boletín 32/11

• · Urge actualizar las leyes locales en un ámbito internacional: Nava Vega

A más de dos años de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, el diputado Raúl Nava Vega, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consideró necesario hacer una revisión a fondo de este ordenamiento para mejorar su ejecución.

Recordó que este ordenamiento entró en vigor el primero de enero de 2009, sin embargo pocos ciudadanos la conocen, por lo que también es importante que se impulsen campañas de difusión de los beneficios de esta ley.

Según el presidente de lo Contencioso Administrativo, Raúl Armida Reyes, de enero a noviembre de 2010 sólo se habían presentado ocho denuncias relacionadas principalmente a servicios de grúa, cuando está ley fija las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del Distrito Federal.

Nava Vega señaló que hace algunos meses organizó un coloquio internacional titulado: “La Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Servidores Públicos”, en donde diferentes especialistas en el tema coincidieron en que la legislación aprobada ha quedado limitada y es omisa en temas relevantes.

El diputado local del Verde Ecologista, dijo que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México comentaron que hasta el momento no existen casos concretos de la aplicación de la responsabilidad de los servidores públicos.

Mientras que doctores de otros países, dijo, indicaron que se evita la inclusión del ciudadano como testigo del procedimiento; permite que el Estado sea juez y parte; excluye la posibilidad de contar con un traductor para los acusados y quejosos, en caso de que lo necesiten; la defensa no cuenta con un tiempo para perfilar pruebas y descarta el derecho a contar con un abogado de oficio.

El ecologista subrayó que se estudia la posibilidad de impulsar evaluaciones y/o sistemas de medición de calidad del servicio y establecer mecanismos por objetivos cumplidos; tipificar como delito que las autoridades realicen gasto de forma no austera; que los auditores tengan funciones parecidas a las de un Juez, acciones que ya son implementadas en otros países como en España.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO