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El costo anual de la corrupción y las ineficiencias de servidores públicos en México asciende a 100 mil millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento del presupuesto dedicado a la contratación pública, reconoció la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, Elizabeth Yáñez.

La Crónica de Hoy/3 de Agosto 2011

El costo anual de la corrupción y las ineficiencias de servidores públicos en México asciende a 100 mil millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento del presupuesto dedicado a la contratación pública, reconoció la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, Elizabeth Yáñez.

Ante diputados de la Comisión de la Función Pública, la funcionaria reveló, también, que en los últimos tres años y medio, de 2007 a lo que va de este año, 56 servidores públicos fueron destituidos, al ser comprobada su vinculación en actos ilícitos. En ese sentido, dijo que en el mismo lapso se aplicaron además 36 mil 841 sanciones administrativas a servidores públicos; se inhabilitó a 4 mil 716 por corrupción o ineficiencia en la aplicación de los recursos, y 3 mil 409 más recibieron sanciones económicas diversas. Al término de su comparecencia, Yáñez Robles subrayó que "el impacto que tienen los actos de corrupción e ineficiencias es de unos cien mil millones de pesos al año". Advirtió que hay en México corrupción "de muy alto nivel" en lo que se refiere a las contrataciones públicas, pero hay también un tipo de corruptela "gravísima", que pega a la ciudadanía menos favorecida económicamente. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, Pablo Escudero, del PVEM, garantizó una detallada revisión de las iniciativas de reformas para combatir la corrupción, y adelantó que habrá "cambios de fondo" al proyecto, porque el documento contiene "una desarticulación entre las instituciones encargadas de proteger a los denunciantes", precisó. Cabe destacar que la minuta del Senado, que está pendiente de su trámite legislativo en San Lázaro, contempla el pago de recompensas a quienes denuncien actos de corrupción en las dependencias del gobierno federal. Además, como parte de los mecanismos para reducir la corrupción que impera en diversas instituciones, la Ley Anticorrupción que se discute en la Comisión busca sancionar a las empresas que actúan con falta de ética y los actos de cohecho en licitaciones públicas. De igual forma, se busca reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para incrementar las sanciones a funcionarios que actúan contra los denunciantes, e incentivar la denuncia con remuneraciones económicas y agilizar la investigación. La ley tipifica como falta grave el que un funcionario trate de inhibir una denuncia, que sancione a un funcionario o actúe en contra de él por haber presentado la denuncia.