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“Tengo en mi poder una lista con 52 Leyes que han sido aprobadas, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, que no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Nación, una de ellas tiene inclusive 390 días que fue aprobada y que no ha sido publicada”, sentenció el diputado Juan José Guerra Abud.

México, D. F., a 20 de mayo de 2011

Boletín 86/11

• • Demanda PV comparecencia del titular de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a fin de que explique las razones de los rezagos

“Tengo en mi poder una lista con 52 Leyes que han sido aprobadas, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, que no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Nación, una de ellas tiene inclusive 390 días que fue aprobada y que no ha sido publicada”, sentenció el diputado Juan José Guerra Abud.

Agregó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde que “la verdad es que son muchos los temas que se tocan en estas iniciativas que están en la congeladora de Bucareli”.

Mencionó que entre los decretos que no han sido publicados se encuentran la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de de Personas (aprobada el 14 de abril de 2011), la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (9 de noviembre de 2010), Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (3 de marzo de 2011).

Así como temas hacendarios, de seguridad, desarrollo rural, desarrollo económico, pueblos indígenas, apoyos a personas con capacidades diferentes, el medio ambiente, etcétera “y muchos otros temas que, insisto, están guardados en la congeladora de Bucareli, porque el señor secretario no las ha publicado”.

Asimismo, y en virtud de que la Secretaría de Gobernación no ha promulgado ni publicado en el Diario Oficial de la Federación muchas de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, el legislador mexiquense solicitó en la pasada sesión de la Comisión Permanente la comparecencia del titular de dicha dependencia, José Francisco Blake Mora, a fin de que explique las razones de los rezagos.

Mediante un Punto de Acuerdo, el diputado ecologista exhortó al Poder Ejecutivo Federal a instruir a las áreas y dependencias correspondientes para que se publiquen cuanto antes las reformas aprobadas.

Guerra Abud externó que según información de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, al 10 de mayo de este año existe una relación de al menos 52 decretos aprobados que no han sido publicados tras 390 días naturales desde la aprobación de algunos de ellos y con 69 sesiones ordinarias transcurridas.

Indicó que todas estas leyes requirieron un análisis, estudios y esfuerzos muy importantes del Poder Legislativo, con el fin de lograr su aprobación en ambas Cámaras.

Hizo hincapié en solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, ya que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, finalizó el legislador.

 

PARTIDO VERDE

Ante la ola de secuestros que padece el país, la diputada Adriana Sarur presentó un Punto de Acuerdo en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

México, D. F., a 6 de mayo de 2011 Boletín 75/11

• ·  Entró en vigor el 28 de febrero de 2011 (90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 30 de noviembre de 2010)

Ante la ola de secuestros que padece el país, la diputada Adriana Sarur presentó un Punto de Acuerdo en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Mencionó que de nada sirve tener una ley específica para aplicar penas enérgicas y con eso desalentar el delito del secuestro, si no se puede aplicar por la razón de que no está reglamentada. Esta ley entró en vigor el 28 de febrero de 2011 (90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 30 de noviembre de 2010), pero no se puede aplicar mientras no exista la correspondiente reglamentación, explicó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados. La ley, dijo la legisladora, representa el endurecimiento de penas que van de 20 y hasta 70 años de prisión definitiva, esto es, sin beneficio de libertad previa ni conmutación, y establece que el delito de secuestro no prescribe. Explicó la diputada ecologista que la norma estipula como pena mínima 100 a 350 jornadas de trabajo a favor de la comunidad para aquellos que simulen algún secuestro, mientras el castigo mayor es prisión de 40 hasta 70 años para el plagiario que asesine a su víctima. Refirió que en la ley se establecen distintas sanciones si el delito se comete con violencia, si es secuestro exprés, si causa daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros, si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60, o si se trata de una mujer embarazada. Añadió la diputada Sarur que esta ley también determina castigos si durante o después del cautiverio la víctima es privada de la vida por sus secuestradores, o muere debido a cualquier alteración de su salud a consecuencia del plagio, o por enfermedad previa que no hubiese sido atendida por los delincuentes. Un segundo aspecto del punto de acuerdo que propuso la diputada Adriana Sarur se refiere a un exhorto al Ejecutivo Federal, a informar a través del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los avances y resultados en la creación e instalación de la Unidad Especial de Combate al Secuestro en cada una de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el sector energético en México, produce el 60 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

México, D. F., a 23 de febrero de  2011

Boletín 23/11

• · La producción de petróleo y gas en Pemex –recursos con los que se sigue generando electricidad– es cada vez menor y cada vez más cara

Jesús Sesma Suárez, secretario de Comunicación Social del CEN del Partido Verde, hizo un llamado al Ejecutivo Federal, a fin de impulsar de manera decidida la generación de energías renovables en nuestro país, publicando en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fueron propuestas por el Partido Verde en el Congreso de la Unión. 

“Con estas reformas, se aumenta el porcentaje de generación de electricidad a través de fuentes renovables, reduciendo el consumo de los combustibles fósiles en 65 por ciento para 2024, en 60 por ciento para 2035 y en un 50 por ciento para 2050”, señaló Sesma Suárez.

Estas modificaciones ya fueron aprobadas en diciembre de 2010 por las dos Cámaras del Congreso federal, y actualmente sólo esperan que el Presidente de la Republica las publique en el Diario Oficial para que entren en vigor.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el sector energético en México, produce el 60 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

“Con esta reforma no solamente se da certidumbre a la creación de energías limpias, sino que el país gana seguridad energética, toda vez que las reservas probadas de hidrocarburos disminuyeron 55 por ciento en los últimos diez años y peor aún, la producción de petróleo y gas en Pemex –recursos con los que se sigue generando electricidad– es cada vez menor y cada vez mas cara”, destacó el funcionario ecologista. 

De 2008 a la fecha, la producción de crudo en Pemex ha caído 7.7 por ciento, al pasar de dos millones 791 mil barriles diarios a dos millones 576 mil al cierre de 2010; no obstante esta disminución, ha crecido la burocracia de la paraestatal en 21 por ciento, pasando de 20 mil 634 a 24 mil 899 plazas entre sindicalizados y trabajadores de confianza.

 

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO