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El desarrollo económico y social de nuestro país es un objetivo fundamental para todo gobierno, afortunadamente la globalización ha permitido generar organismos y mecanismos que contribuyen a elevar el bienestar y calidad de vida de los países que se encuentran en vías de desarrollo.

México, D. F., a 4 de diciembre de 2014

 

 

 

Con su venia.

Honorable Asamblea.

El desarrollo económico y social de nuestro país es un objetivo fundamental para todo gobierno, afortunadamente la globalización ha permitido generar organismos y mecanismos que contribuyen a elevar el bienestar y calidad de vida de los países que se encuentran en vías de desarrollo.

 

La Asociación Internacional de Fomento desde su establecimiento ha contribuido a que a más de 108 países se les pueda apoyar, otorgándoles financiamiento por un valor de más de 222 mil millones de dólares, por lo cual se ha constituido como una de las mayores fuentes de asistencia para las naciones de mayor pobreza en el mundo.

Al igual que en nuestro país, las proyecciones de crecimiento para el resto del mundo son limitadas, generando una situación vulnerable para muchos países. Las últimas proyecciones de la CEPAL establecieron un crecimiento mundial promedio para el año 2015 de 2.2 por ciento.

De manera que hoy más que nunca, se requiere fortalecer a este organismo del Banco Mundial en beneficio de la comunidad más vulnerable de nuestro planeta, así como para lograr una estabilidad económica globalizada.

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo uno de cada cinco habitantes del mundo vive en situación de pobreza. Es decir, mil 500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna.

Esta información sin duda coloca a la comunidad mundial ante un propósito legítimo de contribuir en forma global y unida al combate a la pobreza y el desarrollo de una vida digna.

Es así que los dictámenes que -aprovecho para felicitar a mis compañeros integrantes de la comisión, como ya se comentó, se aprobó por unanimidad y consenso de todos los grupos parlamentarios en la comisión de Hacienda y Crédito Público- hoy se encuentran a discusión son de gran relevancia en la lucha contra la pobreza mundial y consolidan la participación de México como un miembro activo y solidario en la comunidad internacional.

De igual forma, los compromisos planteados respecto a la aportación de México a este organismo, refrendan los múltiples acuerdos multilaterales a los que nuestro país se ha sumado buscado el bienestar mundial.

En este sentido, un aspecto fundamental de los programas que integran esta Asociación, es el que tiene que ver con la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados.

En este mismo orden de ideas, la propuesta para que el Gobierno mexicano participe en el incremento de capital del Banco de Desarrollo del Caribe y aportar a la reposición del Fondo Especial de Desarrollo, es relevante para el fortalecimiento de este importante banco multilateral de desarrollo que abarca un gran número de naciones, ya que tiene operaciones en 19 países de la región, más que ningún otro.

Por lo que se refiere al incremento de los diversos organismos y bancos como es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como bien lo comentaba mi compañero diputado que me antecedió, Monreal; se otorga financiamiento para proyectos de desarrollo en países que así lo requieren.

Tal es el caso de Honduras, donde más de nueve mil jóvenes han podido acceder a su primer empleo, en el caso de Haití por primera vez en mil 300 hogares de la zona rural contarán con energía eléctrica. En Guatemala se apoya a pequeños productores de café para que puedan exportar  hacia Europa y en el caso de México, en Chiapas, se está apoyando con una brigada de doctores para erradicar enfermedades infecciosas.

Si bien es cierto que nuestro propio país vive un alto nivel de pobreza y deficiencias respecto a la calidad de vida de su población, también es cierto que es tiempo de generar políticas públicas que impacten el desarrollo de nuestro planeta en forma integral.

Es por ello, que nuestro grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de estos seis dictámenes que estamos considerando, porque debemos de estar comprometidos y ser solidarios con la comunidad internacional, porque cuando lo hemos requerido como país se nos ha brindado el apoyo en situaciones de emergencia y crisis por las que hemos atravesado a lo largo de nuestra historia.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, diputado presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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Debemos proteger a los sectores más afectados por este delito, como son los niños, mujeres migrantes, personas de escasos recursos e integrantes de las comunidades indígenas: Dip. Antonio Cuéllar

México, D. F., a 04 de diciembre de 2014

Boletín 214/14

 

 

 

Debemos proteger a los sectores más afectados por este delito, como son los niños, mujeres migrantes, personas de escasos recursos e integrantes de las comunidades indígenas: Dip. Antonio Cuéllar

 

Debido al impacto negativo que genera en la sociedad mexica  el delito de la trata de personas, el diputado Antonio Cuéllar Steffan celebró las medidas recientemente aprobadas en el Congreso, pues aseguró, evitarán que queden impunes aquellos que practican el tráfico y explotación de personas y que esta práctica se propague.

El legislador explicó que se realizaron reformas mayores a la ley para prevenir, sancionar y erradicar este delito, que entró en vigor hace poco más de dos años, esto en respuesta a las múltiples inconsistencias que se encontraron en la práctica y que afirmó, facilitarán a las autoridades ministeriales y judiciales la persecución de este delito.

En este marco, Cuéllar Steffan recordó que entre 2007 y 2012, se detuvieron a 297 personas por este delito, de las cuales, sólo 35 fueron condenadas. “Esto quiere decir que es urgente dotar a las autoridades de normas claras que las habiliten para cumplir su función y castigar con eficacia y absoluto rigor a quienes cometen el delito de trata de personas”.

Asimismo, puntualizó que en México cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas, de acuerdo con cifras oficiales, dato alarmante que –dijo- debe atenderse

Debido a lo anterior, el ecologista subrayó que el principal interés de los legisladores es proteger a los sectores más afectados por este delito, como son los niños, mujeres migrantes, personas de escasos recursos e integrantes de las comunidades y pueblos indígenas.

Finalmente, el también secretario de la comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, reiteró que su instituto político condena enérgicamente la trata de personas en todas sus vertientes, por lo que continuarán trabajando en el combate a la violencia y la inseguridad, a través de la creación de un marco jurídico sólido y la correcta aplicación de la ley.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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El dictamen que nos ocupa tiene por objeto la expedición de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que vendrá a sustituir a la legislación actual, la cual data de 1947; es decir, sólo tiene 67 años en vigor la actual ley. Por si fuera poco, ésta no había sido reformada nunca. Eso nos da un panorama de lo trascendente de la legislación que habremos de expedir.

México, D. F., a 03 de diciembre de 2014

Con su permiso, señor presidente,

Compañeras y compañeros legisladores,

El dictamen que nos ocupa tiene por objeto la expedición de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que vendrá a sustituir a la legislación actual, la cual data de 1947; es decir, sólo tiene 67 años en vigor la actual ley. Por si fuera poco, ésta no había sido reformada nunca. Eso nos da un panorama de lo trascendente de la legislación que habremos de expedir.

Para mi grupo parlamentario es fundamental destacar que la construcción de esta nueva ley es resultado de una amplia consulta entre el Ejecutivo, los permisionarios, la sociedad civil y, por supuesto, el Legislativo.

El cual dejó de lado los colores partidistas con el único objeto de regular todos los tipos de juegos con apuestas y sorteos; logrando así  que se lleven a cabo de forma responsable y más segura, establecimiento obligaciones y garantizando los derechos de los permisionarios, pero también y, de manera fundamental, las obligaciones de los participantes como la prevención y atención de quienes padezcan ludopatía.

De igual forma, se pretende establecer las bases y límites para la autorización, el control, la vigilancia, la inspección, así como las sanciones de conductas relativas a todos los tipos de juegos con apuestas y sorteos, ya sea de tipo administrativo o las de tipo penal; es decir, aquellos delitos que atenten contra el juego responsable.

No cabe duda que con el avance cada vez más acelerado en cuanto a las tecnologías de la información, es urgente y necesario regular, por ejemplo, todo lo relativo al juego con apuestas en línea.

En el dictamen que hoy nos ocupa existen desafíos que deben ser considerados de cara a la nueva ley, por ejemplo, los fraudes cometidos por los operados contra los consumidores por la falta de contacto directo, los sistemas para comprobar la residencia del jugador, la verificación de su edad, alertas para que el jugador controle su forma de jugar en referencia al tiempo, los montos; así como los controles de protección de datos y también las modalidades para el bloqueo de pagos y los servicios de juego en línea.

Otro de los puntos relevantes de esta reforma es la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos. Éste será un órgano desconcentrado de la Segob con autonomía técnica y operativa, misma que vendrá a sustituir a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos.

El Instituto será quien determine a las personas a las que deberá otorgarse un permiso para la realización de las actividades previstas en esta ley.

Asimismo, será el encargado de supervisar que las disposiciones en materia sean cumplidas, para lo cual este Instituto contará con las facultades de inspección y vigilancia.

El Instituto podrá imponer sanciones que irán desde la multas en las fracciones menores hasta las revocación de los permisos cuando estas sean muy graves.

Finalmente el Instituto contará con el apoyo de las entidades en la administración pública federal así como de las entidades federativas y los municipios.

Compañeros y compañeras, en el Partido Verde consideramos que es impostergable la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula los casinos en México, ya que en los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de los establecimientos mercantiles donde se llevan a cabo apuestas relacionadas con eventos deportivos, los juegos de azar, que incluyen apuestas y sorteos, principalmente a través de las maquinitas.

De ahí el interés del Partido Verde, y la mayoría de los grupos parlamentarios, por empujar esta reforma que será congruente con la realidad que vive nuestro país.

En el texto anterior se habían dejado de considerar los impactos negativos que  el juego de apuestas pudiera ocasionar en el bienestar económico, físico, mental y emocional de algunas personas por las adicciones que llega a generar.

Desde el Partido Verde estamos de acuerdo que en esta nueva ley se establezcan las bases jurídicas para que los juegos con apuestas y sorteos se realicen en conciencia de un alto sentido de responsabilidad que, como se mencionó, se tiene como principio rector de este instrumento legal.

Mi grupo parlamentario considera que se debe entender al juego no como un mal ni como algo negativo, sino que se debe cambiar la premisa y pensar que el juego es una actividad recreativa cuando las personas lo practican como pasatiempo y distracción, y sobre todo cuando se ejerce con responsabilidad.

Con la aprobación del dictamen contaremos con una legislación de vanguardia que responde a las actuales necesidades, que dé certidumbre a todos los actores que intervienen en el sector y que garantice los derechos de los participantes.

Quiero hacer un reconocimiento a la comisión especial por este esfuerzo legislativo conjunto, traducido hoy en esta nueva ley que representa un gran avance en materia jurídica, la cual establece los principios rectores, el juego responsable, el interés superior de la salud y la máxima transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del dictamen.

Muchas gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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Nuestra tarea como legisladores y, en especial, la que tenemos encomendada los miembros de la Comisión de Justicia, es la de concebir y discutir el contenido de normas jurídicas que protejan a toda la población, y permitan a los operadores jurídicos combatir con eficacia aquellos delitos que minan al tejido social y vulneran de forma irreversible los derechos humanos, fundamentalmente, los derechos de los sectores más vulnerables.

México, D. F., a 03 de diciembre de 2014

Posicionamiento del Partido Verde, en voz del Diputado Antonio Cuéllar Steffan, respecto al dictamen que reforma la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas

 

Gracias diputado presidente,

Nuestra tarea como legisladores y, en especial, la que tenemos encomendada los miembros de la Comisión de Justicia, es la de concebir y discutir el contenido de normas jurídicas  que protejan a toda la población, y permitan a los operadores jurídicos combatir con eficacia aquellos delitos que minan al tejido social y vulneran de forma irreversible los derechos humanos, fundamentalmente, los derechos de los sectores más vulnerables.

Hoy discutimos y votamos una reforma que tiene como eje central el combate y la sanción en contra de uno de los delitos más dolorosos que lesionan a nuestra sociedad; el de la trata de personas.

Un delito que es sinónimo de la disminución más vil de la que una persona puede ser sujeta. Un delito de privación de la libertad y violación de la autodeterminación humana equiparable a la esclavitud más absoluta, a la explotación, a la extinción de nuestra calidad humana.

De acuerdo con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, conocido como Protocolo de Palermo, se entiende la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Esta y otras normativas internacionales en la materia, guían y proveen de un estándar mínimo a los estados nacionales para implementar normas jurídicas claras y eficaces que combatan la trata de personas y sus variadas manifestaciones.

Hoy, en este Congreso, cumplimos con la obligación de ajustar nuestro Orden Jurídico Nacional a estos parámetros, y a las exigencias que nuestra sociedad y nuestra realidad histórica nos impone para extirpar este cáncer que tanto nos lastima.

Nuestro país, por circunstancias históricas, económicas, geográficas, políticas o, incluso, culturales, ha sido desafortunadamente presa de este tipo de prácticas lesivas contra la dignidad humana.

Por falta de un tratamiento típico jurídico adecuado o por omisión imputable de la autoridad, se ha dejado propagar, no únicamente la trata en las grandes ciudades o en los paraísos turísticos sino también en zonas rurales, centros laborales e, incluso, en el mismo seno familiar.

Las redes de prostitución y pornografía infantil, los servicios forzados, el tráfico de personas, la extracción y venta de órganos y demás prácticas análogas que se inscriben dentro del marco de la trata de personas, en países como México son visibles para todos, de fácil acceso y, por ende, de enorme propagación. La impunidad ha reinado por muchos años, al respecto.

Grupos como las mujeres y los niños, las personas indígenas y los migrantes indocumentados son los más vulnerables. Según lo ha reflejado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han identificado 21 de 32 entidades federativas como lugares en las que se realizan cotidianamente actividades vinculadas con la trata de personas.

Déjenme compartir con ustedes una estadística que refleja la magnitud del problema, no se trata de la ilustración del número de víctimas del delito, sino del vicio de nuestro Sistema de Justicia que tratamos de erradicar:

Entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, sólo 35 fueron condenados. Esto quiere decir que, o bien las acusaciones no se entablaron de manera correcta o, de lo contrario, quienes pudieran haber sido procesados, aludieron a la defensa de sus derechos a la exacta aplicación de la ley penal para ser exonerados de un delito que sí pudieran haber cometido.

Esta situación nos arroja, por consiguiente, la doble responsabilidad, claramente ineludible, de dotar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución de los delitos, de normas claras que las habiliten para cumplir su función y castigar con eficacia y absoluto rigor a quienes cometen el delito de trata de personas.

Al mismo tiempo, para no incurrir en errores normativos que vulneren el derecho fundamental, a contar con una adecuada y exacta aplicación del derecho por parte de aquel que se vea sujeto a un proceso penal por esta causa.

Los avances que la minuta que hoy discutimos contiene son muy valiosos, entre ellos destaca uno de gran interés para la práctica del derecho penal, el cual consiste en la justa identificación de los requisitos que la Ley de Trata exige para acreditar este delito.

Como hoy se encontraba redactada la ley, para acreditar e imponer una sanción por el ilícito era necesario que se demostrara el daño a seis bienes jurídicos diferentes. Lo que resultaba altamente complejo integrar por parte de las autoridades ministeriales.

Con apego a la normativa nacional e internacional, así como a las mejores prácticas en materia de derechos humanos, la minuta establece que es el “libre desarrollo de la personalidad”, relacionado directamente con la dignidad humana, el único bien jurídico dañado que será necesario acreditar para sancionar el delito de trata de personas.

Con esto será menos complejo para las autoridades ministeriales y judiciales establecer una relación causal entre la conducta punible y el bien jurídico tutelado.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen, por distintas razones. Condenamos enérgicamente la trata de personas, en todas sus vertientes; somos conscientes de que la mejor manera de combatir la violencia y la inseguridad es por medio de la correcta y escrupulosa aplicación de la ley; entendemos que el cumplimiento de nuestra responsabilidad  parlamentaria, sólo se logra mediante la aprobación de normas jurídicas congruentes y bien estructuradas, apegadas al mandato que establece nuestra Constitución.

Asumimos, por consiguiente, que el defecto más grave de la actividad gubernativa que reprueba nuestra sociedad, hoy en día, es el de la impunidad.

Es cuanto, diputado presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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Como es del conocimiento de esta Asamblea, el artículo 123 constitucional se refiere al trabajo y a la previsión social y en su apartado A, fracción tercera, establece la edad mínima para trabajar, así como la duración de la jornada laboral para los menores de 16 años, la cual no debe rebasar las seis horas diarias.

México, D. F., a 2 de diciembre de 2014

 

 

Con la venia de la presidencia.

 

Como es del conocimiento de esta Asamblea, el artículo 123 constitucional se refiere al trabajo y a la previsión social y en su apartado A, fracción tercera, establece la edad mínima para trabajar, así como la duración de la jornada laboral para los menores de 16 años, la cual no debe rebasar las seis horas diarias.

 

El texto del artículo en cuestión fue reformado en junio de este mismo año, con la finalidad de que la edad mínima en nuestro país para que un menor de edad se encuentre vinculado a una relación laboral sean los 15 años y no 14 como se estipulaba en el pasado.

Lo anterior coincide con la intención de establecer una relación de congruencia específica entre el mandato constitucional de brindar educación básica, pública y gratuita a la población del país, así como la obligación del Estado de velar por el derecho de las niñas y los niños de alimentación, salud y desarrollo integral con la disposición que permite el trabajo de los menores de edad.

En este mismo sentido, la propuesta de elevar la edad mínima para que los menores puedan laborar tuvo sustento en el hecho de que nuestro país suscribió y ratificó en su momento la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos de índole civil, cultural, económica y social a la cual los menores deben tener acceso, en cuyos artículos 28 y 32 se establecen previsiones tendientes a garantizar la educación primaria y secundaria de los menores de edad, así como a protegerlos de la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad que pueda entorpecer su educación, asumiéndose con ello el compromiso de fijar una edad o edades mínimas para trabajar.

Por otra parte, cabe recordar que el máximo organismo mundial del sistema de Naciones Unidas para atender los asuntos del trabajo, estableció hace tiempo ya como una aspiración universal que la edad mínima de admisión al empleo debe ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar y en todo caso menor a 15 años.

Así pues, mediante la aprobación de la reforma citada se armonizó el ideal de la educación básica obligatoria con la edad mínima de los menores para trabajar, para hacerla coincidir con el criterio establecido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Permitir que los menores inicien actividades laborales antes de los 15 años promueve la inasistencia regular a la escuela y no contribuye a eliminar la ignorancia y el analfabetismo, entorpece la educación de los niños, niñas y adolescentes y puede afectar seriamente su desarrollo, por ello se deben adoptar medidas legislativas para evitarlo.

No obstante que el ideal de nuestro país debe ser erradicar el trabajo infantil y garantizar que las niñas, niños y jóvenes concluyan la educación obligatoria sin contratiempos, no se puede soslayar que en México existen diversos factores de carácter económico, social e incluso cultural que hacen que un número importante de menores se vean en la necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar, o bien, para financiar sus estudios, con el riesgo que ello puede implicar para su desarrollo físico, psicológico, emocional y social.

Del mismo modo, tampoco puede pasar inadvertido el hecho de que la incorporación de los menores al mundo laboral está generalmente asociada con condiciones de pobreza y vulnerabilidad que facilitan la explotación económica de los mismos por parte de los adultos.

Ante esa circunstancia real, la aspiración de la más reciente reforma constitucional al artículo 123 era consolidar un orden jurídico más adecuado para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Una vez concretada la modificación al texto de nuestra Norma Suprema procede la actualización de la legislación secundaria, en este caso la Ley Federal del Trabajo a efecto de que cambie la edad mínima para acceder al empleo de 14 a 15 años, de manera tal que las autoridades del trabajo asuman obligaciones de inspección y vigilancia que permitan garantizar que la necesidad de laborar de los menores no obstaculice el ejercicio de otros derechos.

Es por todo lo anterior, que nuestro partido, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen.

 

Es cuanto, diputada presidenta.

Muchas gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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El Estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiende al respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las resoluciones dictadas por los tribunales y, en general, de todo los órganos implicados en la impartición y procuración de justicia.

México, D. F., a 02 de diciembre de 2014

Discurso del  Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares del Partido Verde, respecto al dictamen que expide la Ley Nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal

Con la venia de la Presidencia;

Compañeras y compañeros legisladores,

El Estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiende al respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las resoluciones dictadas por los tribunales y, en general, de todo los órganos implicados en la impartición y procuración de justicia.

Porque sí, es al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, como mencionaron hace un momento, a quien le compete en términos constitucionales la aplicación de las leyes a través de las resoluciones y sentencias judiciales. Sobre este último rubro sabemos que es una exigencia de la población la respuesta pronta a las peticiones de justicia.

Así, en nuestra Constitución, hoy en día el artículo 17 reconoce como derecho humano la prerrogativa que tiene toda persona de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La agilidad en la justicia es una exigencia que deviene desde épocas antiguas, de hecho Séneca, aquél senador romano, decía ya en la época del Imperio que nada se parece tanto a la injusticia, como la injusticia tardía.

En este sentido, y de modo muy lamentable, podemos expresar que la justicia en México puede tener asignados todos los calificativos pensados, menos el de ser expedita.

Por ello, los legisladores mexicanos han intentado idear fórmulas que pudieran establecer métodos que hagan de la impartición de justicia una labor ágil. Empero, todo ha sido hasta este momento un esfuerzo vano.

Hoy en día se está sometiendo a nuestra aprobación una serie de modificaciones. La más importante es la norma que proviene como minuta del Senado de la República que pretende erigirse dentro de nuestro orden jurídico como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. A su vez, y por el principio de coherencia de los cambios, también permean sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los medios alternativos de solución de controversias pueden ser una serie de medios en contra del congestionamiento de miles de causas en tribunales o ante el Ministerio Público. Luchar contra la inevitable dilación en solución por carencias presupuestarias, abatir la ineficiencia y ganar la confianza en el sistema procedimental.

Para ello la ley que se propone está regulando las figuras de mediación, de conciliación y la junta restaurativa. La mediación es el mecanismo a través del cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia.

La conciliación serán los mecanismos voluntarios mediante los cuales los intervinientes, en ejercicio también de su autonomía, tendrán opciones de solución a la controversia en que se encuentren involucrados.

Por último, la junta restaurativa será el medio en donde la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada en el libre ejercicio de su autonomía, busquen, construyan y propongan opciones de solución a la controversia.

Con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la integración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y, con ello, buscar la recomposición del tejido social.

Todo lo anterior, atendiendo a la libre autodeterminación de las personas y bajo el reconocimiento de que los derechos fundamentales no están sujetos a negociación de ningún tipo. Así pues, todos los involucrados en los métodos alternos de solución de controversias, deben atender a la voluntariedad, la información, la confidencialidad, la flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad.

Los medios alternativos procederán por mandato del Código Federal de Procedimientos Penales, y la aprobación de los convenios provendrá de los ministerios públicos y los jueces; resaltando que el cumplimiento de los acuerdos no se deja sin atender, por el contrario, se faculta al órgano especializado en medios alternativos de solución de controversias, para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo.

De esta manera, se establece una especie de control ex post para que efectivamente se cumpla la solución de los conflictos.

Por todo ello estamos convencidos de que se debe de aprobar esta normatividad con urgencia para el bien de todos los mexicanos. Así la justicia, además de ser más ágil, será en menor medida una demanda de la ciudadanía.

Es cuanto, señor presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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Creo que la propuesta de poder influir para que las iniciativas se aprueben en un período ordinario y no extraordinario es positiva. No habría necesidad de un extraordinario, si podemos terminarlo de aquí al 15.

México, D. F., a  02 de diciembre de 2014

 

 

P.- Diputado, platíquenos, justamente ayer, en esta reunión de coordinadores de ambas Cámaras se adelantó que se recibirá hoy la iniciativa del Ejecutivo en materia de salarios mínimos. Si da tiempo para analizar.

 

AEyV.- Por supuesto que sí. Yo creo que la idea será que a partir del próximo martes, sesionar. Esta semana martes, miércoles y jueves. A partir de la semana próxima, pudiéramos pensar martes, miércoles y jueves; inclusive viernes, sábado, domingo y hasta lunes 15.

Creo que la propuesta de poder influir para que las iniciativas se aprueben en un período ordinario y no extraordinario es positiva. No habría necesidad de un extraordinario, si podemos terminarlo de aquí al 15.

P.- ¿Se analizará junto con todas las iniciativas que hay en la materia o ésta será manejada independiente?

AEyV.- Será esta independiente. A partir de ahí buscar orquestar los consensos y sacarla antes del quince. Esperar las minutas que vendrán del Senado de la República con el compromiso por parte de ellos de enviarlas a más tardar el miércoles de la semana que entra a efecto de que tengamos, por lo menos, desde el jueves y hasta el lunes 15. Te repito, incluyendo viernes, sábado y domingo.

Con el compromiso de no ir a un extraordinario, si se consiguen los acuerdos en aquellas iniciativas que las haya. En las que no haya, pues si no hay un ordinario tampoco habrá un extraordinario.

P.- Trabajarán en conferencia para que aquí se puedan allanar.

AEyV.- Absolutamente.

P.- Hay urgencia de que estos temas, diputado Escobar, salgan.  Pero en cuanto se aprueben, si aquí se le mete el acelerador,  ¿en cuánto podrían ser operativas o efectivas, en los hechos, este paquete de leyes en materia de seguridad y justicia?

AEyV.- Creo que el secretario de Gobernación ha sido muy claro en el tema. Estamos hablando de 24 meses, hay que entender que el impacto presupuestal y financiero que se requiere para desaparecer las policías municipales y convertirlas en estatales requiere de un procedimiento, desde coadyuvar con la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con liquidaciones hasta que tiene que ver con capacitación, equipamiento, prestaciones.

Entonces, a partir de ahí, el panorama temporal que se está estableciendo el secretario de Gobernación es correcto. Más o menos un par de años.

Al final del día, la operación integral sería a dos años, pero creo que esto puede iniciar desde el año que entra, a mediados. Ya en algunas entidades federativas, las cuales como ha señalado el Presidente, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero tendrán la prioridad para que sean las primeras en donde se dé este desarrollo.

P.- Mientras cuál será la respuesta a los reclamos sociales de justicia, seguridad, resolución de estos casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, etc.

AEyV.- Yo te diría que va de la mano con la urgencia del tema y la coyuntura. Creo que el Gobierno mexicano y los gobiernos estatales, tendremos todos la obligación, cualquier servidor público. Con lo que tenemos en la ley, creo que da suficiencia para poder apagar los fuegos que, lamentablemente, están ocurriendo en algunas entidades federativas, de forma focalizada; hay que recalcarlo.

A partir de ahí, seguir  observando los temas con la mayor urgencia en lo que se aplica en su integridad, este nuevo mecanismo de seguridad pública.

P.- Y el diagnostico, señor diputado, de que muchas de las propuestas planteadas por el Ejecutivo, pues realmente ya estaban, hay muchas iniciativas en materia de salario mínimo; son leyes y reglamentos que, precisamente, no se habían hecho valer.

No se habían terminado de aprobar temas, anticorrupción, todo esto, a ese diagnostico usted, qué le dice, de que no es muy novedoso lo que presentó el Ejecutivo, y bueno tardará, dice usted, un buen tiempo en ser efectivo.

AEyV.- Te lo digo por el caso del Verde, nosotros estuvimos absolutamente a favor cuando el presidente Calderón las presentó, y hoy estamos absolutamente a favor cuando el presidente Peña las presentó.

Lamento muchísimo que nos tardamos tanto en reconocer que este era un escenario que habría que tomar, pero hoy está aquí. Como bien dijo el Presidente, sí  eran temas propuestos con anterioridad porque no son ley vigente, lo que debemos de buscar es hacerlo en este momento.

Quien tendrá que justificarse fueron las voces divergentes que en su momento no les gustaba este escenario. Algunos priistas sin duda, pero yo te digo en el caso del Verde, estuvimos absolutamente a favor en ese momento como ahora.

P.- El presidente de la Cámara ve muy lento al Presidente de la República, en particular, para resolver el caso Ayotzinapa, ¿cómo ve esta situación?

AEyV.- Es una declaración que lamento muchísimo del presidente de la Cámara de Diputados. La realidad es que, qué más se puede pedir. Estamos esperando los peritajes por parte de los laboratorios austriacos. La verdad es que todos sabemos aquí, cual fue el destino tan lamentable de estos 43 jóvenes o de la mayoría de ellos. Y lamentablemente ahora lo que falta es la prueba plena de ley.

Pero a partir de ahí, con lo que queda de pruebas de los peritajes con los que están trabajando los autores en Austria, inclusive para ellos, va a ser muy complicado.

Hoy escuchaba en un espacio radiofónico que el comparar lo que pasó en Yugoslavia o Croacia, en la guerra de principios de los noventa, con la forma que quedaron estos jóvenes, no tiene comparación alguna. Los restos están absolutamente eliminados, quedan porciones de restos que en total suman 14.

A partir de ahí, se van a crear conclusiones, entonces, yo no encuentro más, y si alguien más lo sabe que me lo diga, que más puede hacer el Gobierno federal en este momento.

Es decir, están aprendidos todos los posibles responsables, salvo el secretario de Seguridad Pública del municipio, el director de seguridad municipal. Y estamos en espera ya ante el laboratorio más avanzado en materia de detección de DNA que lo está haciendo en Austria. Yo lamento muchísimo que Silvano diga que haya sido lento, que proponga él, qué habría que hacer.

P.- Dice que por mientras no cancelar la visita a Iguala, y estar dando la cara en esa actividad, dice el diputado Aureoles.

AEyV.- Yo creo que el Presidente de México, el procurador, el secretario de Gobernación, han dado la cara en todos los sectores como nunca ha habido y a partir de ahí lo único que hay que tener es paciencia para que se tengan todas las pruebas de laboratorio ya en México.

 

P.- Y mientras tanto sigue la radicalización en las protestas, los autodenominados anarquistas siguen haciendo de las suyas, cada vez más violentos.

 AEyV.- El buscar justicia con actos ilegales, son actos delincuenciales y por lo tanto, te convierten en un delincuente.  Si los anarquistas creen que pueden tener una protección por arriba del Estado de Derecho que ellos buscan bajo hechos delictivos es absurdo y es ilegal. Ojalá todos lo entendamos así.

Muy diferentes las grandes muestras de rabia y de insatisfacción que la mayoría mostró el jueves pasado, eso es muy diferente a lo que estos tipos están manejando.

 

P.- La actuación de la policía capitalina, ¿qué opinión le merece? Ayer los visitadores de la CNDH tuvieron que proteger a los manifestantes, que estaban pacíficamente expresándose, de la actuación policiaca que iba hacer detenciones y que de todos modos las hicieron.

AEyV.-  Es un círculo vicioso; aquellos que delinquen buscan protegerse bajo el manto de la protección de Derechos Humanos, cuando algunos destruyen comercios, incendian propiedad privada, ¿qué hacer con ellos?

Hay que darles una laxitud que no se prevé en la ley ¿porque están insatisfechos? La mayoría de ellos que están manifestándose también están insatisfechos y se están comportando de otra forma. La actuación, por lo menos el jueves, de la policía de la Ciudad de México, fue espléndida, de acuerdo a protocolos.

Pero al final del día, la investigación de los ministerios públicos en la forma en que consignaron ante los jueces aquellos que consideran que en flagrancia habían actuado y el juez decidió que no había pruebas suficientes. A partir de ahí no queda de otra más que apelar el auto de libertad que se les generó.

P.- Y el día de ayer cómo lo vio.

AEyV.- El día de ayer, creo que, independientemente, de que se esperaban cosas más radicales, en la mayoría de los escenarios se actuó con tranquilidad. Lamento muchísimo lo que se dio en Oaxaca, te repito, actos delictivos. El tomar un área estratégica de este Aeropuerto de Oaxaca y no permitir que los vuelos despegaran o aterrizaran, fue un acto delictivo en contra del Estado mexicano.

P.- Diputado, no sería hora de que ustedes, los legisladores debieran pensar en leyes modernas; así como modernizan todo, también a la policía porque salen indefensos y luego, como los agreden.

AEyV.- Es muy lamentable. Es un tema del fuero local, lamentablemente, no es un tema de nosotros.

P.- Pero también a la Federal la apalean.

AEyV.- La Policía Federal no es la que, diría yo, no es la que primero reacciona ante manifestaciones violentas, son las policías locales. A partir de ahí, sí lamento muchísimo la situación que muchos policías están viviendo ante el radicalismo, de algunos, porque repito, son los menos.

Pero estos radicales que actúan así no pueden estar amparados bajo un estado de caparazón porque están insatisfechos. Demuéstrenlo de conformidad a la ley. No apeles a la ley cuando tú actúas de forma ilegal.

P.- Pero qué hacer con ellos, aplicarles la ley.

AEyV.- Con todo porque están realizando actos delictivos. Aquí, lamentablemente, lo digo, si no se consignaron bien los expedientes con los que fueron traslados ante los jueces.

Creo yo, afecta muchísimo la credibilidad, pero al final del día hay que tener cuidado con lo que hacemos y buscar que con las pruebas que se tiene, puedan ser suficientes para consignar. No nada más, ante los ministerios públicos sino ante los jueces para que puedan iniciar su proceso penal.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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Las investigaciones por el caso Ayotzinapa siguen su curso y se mantienen en tiempo y forma: Dip. Arturo Escobar

México, D. F., a 2 de diciembre de 2014

Boletín 212/14

 

 

Las investigaciones por el caso Ayotzinapa siguen su curso y se mantienen en tiempo y forma: Dip. Arturo Escobar

 

Arturo Escobar y Vega, coordinador de los diputados del Partido Verde, aseguró que el Congreso no es sordo a la situación que vive el país ni a las demandas de la ciudadanía, por lo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados trabajarán a marchas forzadas para analizar y aprobar el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad y justicia.

“Los legisladores somos conscientes de la urgencia y la importancia de las propuestas enviadas por el Presidente. No habrá fast track, por el contrario, se tiene previsto un trabajo arduo y a profundidad de dichas iniciativas”, agregó.

Por otro lado, explicó que las investigaciones por el caso Ayotzinapa siguen su curso y se mantienen en tiempo y forma; además recordó que se han realizado las detenciones pertinentes y el Gobierno se mantiene en espera de los resultados de peritajes que en este momento se realizan en los laboratorios más avanzados en la materia a nivel mundial.

“El presidente de México, el Procurador de la República y el Secretario de Gobernación –como nunca- han dado la cara  en todo momento a la opinión pública, la ciudadanía y a los padres de los normalistas; por lo que no hay cabida para quienes cuestionan su actuar ni la puntualidad del trabajo que realiza el Estado en el caso Ayotzinapa”, agregó.

En este marco, reiteró que es inaceptable que se sigan presentando actos vandálicos y de violencia bajo la bandera de la protesta. A estas personas, afirmó, se les debe aplicar la ley y evitar a toda costa la radicalización de cualquier protesta o manifestación.

Finalmente, confió en que las medidas planteadas por el Ejecutivo Federal, junto con el trabajo del Congreso federal y locales, darán pie a la reestructuración y fortalecimiento de las Instituciones y el Estado de Derecho en el país.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

 
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México, D. F., a 30 de noviembre de 2014

Boletín 211/14

 

Las autoridades capitalinas deben atender y reintegrar a la vida social y educativa a los menores de edad que laboran en este medio de transporte: Dip. Martha Vital

 

La diputada del Partido Verde, Martha Edith Vital Vera, solicitó a las autoridades del gobierno capitalino realizar acciones concretas que permitan erradicar el trabajo infantil en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como eliminar todas las prácticas de abuso en contra de los menores por parte de los inspectores.

“Diariamente observamos a niñas y niños, entre 5 y 17 años de edad, trabajando en el Metro en condiciones deplorables; por lo que es fundamental que el gobierno capitalino atienda y reintegre a la vida social y educativa a los menores que laboran en este medio de transporte”, enfatizó.

En este marco, la secretaria de la comisión de Derechos Humanos, subrayó que aun cuando las autoridades del Metro anunciaron una disminución de vendedores informales conocidos como “vagoneros”, todavía hay menores trabajando, vendiendo diversos productos, niños indígenas repartiendo volantes o incluso limpiando los zapatos de los usuarios, cuando en realidad deberían estar estudiando.

“El trabajo infantil repercute en el desarrollo personal y emocional de los menores, pues les acarrea daños físicos, psicológicos, genera abuso sexual y aumento de conductas de riesgo, y es responsabilidad del gobierno garantizar la protección de sus derechos como lo marca la Constitución”, enfatizó.

Dijo que en México, alrededor de tres millones 35 mil 466 niños y niñas realizan alguna actividad laboral, de los cuales dos millones 62 mil 610 son hombres y 972 mil 856 mujeres; mientras que el grupo que realiza mayor actividad laboral es el de 14 a 17 años de edad, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Inegi.

Por último, la legisladora hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, para que implementen programas que atiendan a los infantes que laboran en el Metro de la Ciudad, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida y garantizar su desarrollo integral.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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El coordinador de los diputados del Partido Verde Arturo Escobar y Vega, señaló que en los dos primeros años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el país ha tenido un avance significativo en los político, social y económico, e hizo un llamado a todos los involucrados, a cerrar filas en torno al proyecto de Nación, porque una sociedad dividida es débil y vulnerable ante cualquier circunstancia que amenace la paz social y el Estado de Derecho.

México, D. F., a 29 de noviembre de 2014

Boletín 210/14

 

El coordinador de los diputados del Partido Verde Arturo Escobar y Vega, señaló que en los dos primeros años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el país ha tenido un avance significativo en los político, social y económico, e hizo un llamado a todos los involucrados, a cerrar filas en torno al proyecto de Nación, porque una sociedad dividida es débil y vulnerable ante cualquier circunstancia que amenace la paz social y el Estado de Derecho.

 

Dijo que en dos años, el Ejecutivo federal ha tomado medidas y realizado acciones para mantener vigente el acuerdo, el diálogo y la concertación, sin embargo, “el país debe seguir adelante y los temas que se han puesto sobre la mesa siempre han sido de cara a la sociedad, al igual que las negociaciones y consensos de las reformas estructurales”.

Desafortunadamente, agregó, hay quienes irresponsablemente mantienen una actitud negativa, poco propositiva que podría detener el avance y desarrollo del país, a pesar del buen ejercicio de gobierno que realiza la actual administración.

“Quienes no se cansan de criticar y ahora piden la renuncia del Presidente de la República, sólo mantienen posiciones mediáticas”, aseguró el líder parlamentario, al subrayar que esta situación lo único que logra es enrarecer aún más el clima político-social del país.

“Como representantes populares estamos comprometidos a transformar nuestro país y detonar la economía, la democratización de la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y no detener el avance del país por intereses oportunistas o de grupo, olvidando el compromiso con las demandas sociales”.

Escobar y Vega subrayó que la sociedad quiere trabajar y un país con certidumbre y en paz, “y no podemos negarle ese derecho y darle la espalda a los mexicanos que demandan urgentemente salir de la pobreza y marginación”, insistió.

Al reconocer que en los últimos años México ha tenido una clase política que no ha estado a la altura de su pueblo y de sus ciudadanos, aseguró que en todos los partidos políticos, existen congresistas que entienden que México requiere tomar definiciones modernas que le permitan crecer.

En este sentido, consideró que el crecimiento en 2014 no fue el esperado, sin embargo, aseguró que el próximo año el panorama económico será diferente porque se pondrán en marcha las reformas, y el sector energético tendrá un papel fundamental en la creación de miles de empleos con importantes incrementos salariales, principalmente en el sector de las energías renovables.

“El Gobierno de la República impulsa a México hacia una nación exitosa, donde sea una obsesión generar empleo y crecimiento económico, concretando las reformas estructurales. Hacia un país donde ya no se hable de combate a la inseguridad, sino de economía familiar y generación de riqueza”, precisó.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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