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Con las reformas aprobadas se establece un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y sean menores de 18 años de edad.

México, D. F., a  21  de Octubre de 2014

 

 

 

Buenas tardes compañeros senadores.

El dictamen que en este momentos discutimos, contiene reformas al artículo 18 y al inciso c) de la fracción XXI (vigésimo primera) del artículo 73 de la Constitución.

 

Con las reformas aprobadas se establece un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y sean menores de 18 años de edad.

Este sistema habrá de garantizar la efectividad y vigencia de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico nacional.

Se reconoce que el adolescente es un sujeto de derechos y obligaciones específicos, generados  por su condición de personas en desarrollo.

De igual forma, se incluyó en el Dictamen que “Las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social”, aclarando que en ningún momento podrán ser sometidos a ningún tipo de sanción penal.

Las formas alternativas de justicia, que ya están reconocidas en nuestro derecho serán aplicables también al sistema de justicia para adolescentes, ellos y la sociedad misma podrán obtener los beneficios que en estos mecanismos representan, y participar juntos en la justicia restaurativa.

Las reformas señalan que “El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal”. Esto permite hacer extensivos al sistema de justicia para adolescentes, las ventajas que el sistema acusatorio representa: transparencia, agilidad, legitimidad y confianza.

En lo que se refiere a las sanciones “éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y de sus capacidades” Esta adición es de suma importancia. Buscar la reinserción sobre el castigo es prioridad, sobre todo en la etapa formativa de los seres humanos.

Al adolescente infractor se le proporcionarán las herramientas para que de nueva cuenta se integre a la sociedad  y no sea objeto de segregación.

Formar parte de la solución y ser atendido en su dignidad humana, evitará un resentimiento con el sistema y la sociedad que puede llevar a una reincidencia.

Por su parte, las reformas al artículo 73 constitucional, otorgan la facultad al Congreso de la Unión de expedir legislación nacional en la materia de justicia para adolescentes, que al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, respetaría la independencia de los Estados, aclarando esto, que al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, respetaría la independencia de los estados, dejando para ello la materia sustantiva y correspondiendo al Congreso las cuestiones procesales.

Lograr este objetivo dará mayor certeza jurídica, transparencia y agilidad a los procesos en que se encuentran  los justiciables en todo el país.

Como bien se señala en el presente Dictamen, el propósito esencial de esta reforma es unificar la normatividad sobre justicia para adolescentes en nuestro país, a fin de evitar, entre otras desventajas, la dispersión legislativa que genera inequidad en el acceso a la justicia y, sobre todo, incertidumbre jurídica en materia de estructura y organización de los sistemas judiciales para adolescentes en cada entidad federativa.

La edificación de la democracia consiste en la construcción de instituciones y garantías en todas las materias.

El garantísmo es la otra cara del constitucionalismo. A través de él se puede lograr la máxima efectividad del sistema de derechos.

Aprovecho también, para reconocer el trabajo de las comisiones dictaminadoras, senadores y equipos técnicos, trabajaron arduamente y dieron muestra una vez más de su compromiso con los derechos humanos y la democracia nacional.

Como representante del Partido Verde manifiesto mi voto a favor de este dictamen, y los invito a que nos sumemos a dar las bases para el nuevo sistema de justicia para adolescentes, un sistema garantista, que prefiere la educación, la salud y el deporte sobre el castigo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Señor Presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

 

De manera muy especial y empezando con el concepto decimos que productividad es hacer más con lo mismo, la productividad es reflejar el cambio en la eficiencia, las economías de escala y la variación de la utilización de la capacidad de producción de una economía no tiene que ver con incrementos en la cantidad y la calidad de los factores de Producción utilizados sino en la forma en que son empleados, con frecuencia el término de competitividad se confunde con el de productividad.

México, D. F., a  21  de Octubre de 2014

 

 

De manera muy especial y empezando con el concepto decimos que productividad es hacer más con lo mismo, la productividad es reflejar el cambio en la eficiencia, las economías de escala  y la variación de la utilización de la capacidad de producción de una economía no tiene que ver con incrementos en la cantidad y la calidad de los factores de Producción  utilizados  sino en la forma en que son empleados, con frecuencia el término de competitividad se confunde con el de productividad.

La competitividad es la capacidad de competir con los distintos agentes económicos y para ello en un mundo globalizado y de alta competencia es indispensable que la productividad sea la que nos haga  más competitivos.

La productividad se puede medir de diferentes formas, de manera particular el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados para México con base a la medición de productividad total de factores, mejor conocida como la PTF. Siguiendo este enfoque, los resultados que presentó dicho instituto en el 2013 muestran que este índice ha decrecido en promedio .39 del 91 al 2011.

Los servicios de capital son el factor con mayor contribución al crecimiento  con el 1.5 de promedio anual en los años del 95 y 2009, pero en general la caída es una caída pronunciada.

De acuerdo al estudio realizado recientemente por la consultora Mckenzie existen dos economías que se mueven diferentes velocidades. Por un lado existe un sector competitivo a nivel mundial que  genera alta productividad y valor agregado y por el otro un sector sumamente tradicional que generalmente opera en la informalidad y que pierde con productividad año con año.

De acuerdo con este mismo estudio, las empresas que evaden impuestos, ahorran hasta el 28 por ciento  del costo de la nómina por no cubrir impuestos y el pago de la seguridad social. De ahí que con más de 50 por ciento de los trabajadores en México estén en el sector informal y la proporción vaya en aumento.

Lo anterior explica por qué las empresas pequeñas  y  medianas operan en la informalidad y  no tienen o no habían tenido los incentivos para innovar.

Por otro lado la productividad también tiene una relación sustancial con la ubicación geográfica de cada región o de cada país, debido a múltiples factores entre los que se encuentran la disponibilidad de recursos, la infraestructura, la conectividad, la mano de obra  o el nivel educativo, esto permite ubicar las zonas donde el  problema de la falta de mayor productividad es más serio y por lo tanto permite actuar en consecuencia.

Los estados de la República Mexicana ubicados en el sur- sureste son los que presentan menor nivel de productividad en nuestro país, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El concepto de economía en la sociedad del conocimiento señalado por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia general  de mayor productividad que ha establecido el Presidente Enrique Peña Nieto debe ser vinculado y es punta de lanza en este tema.  El concepto de Productividad democrática es una nueva tesis impulsada por nuestro presidente con una visión de una total claridad para establecer que si el país no logran la productividad y por ende la competitividad no habrá el crecimiento económicos que se desea.

El programa para democratizar la productividad define 5 objetivos, entre ellos mejorar el uso y la asignación eficiente de los factores de producción, elevar la producción de los trabajadores en las empresas, mejorar el ambiente de negocios, cerrar la brecha regional y sectorial y por último adecuar y proponer políticas públicas para incrementar la correcta asignación de los factores de  producción en  nuestra economía.

Con el cumplimiento de este programa se tiene una enorme claridad de aquello que se tiene que lograr para que al cabo de los próximos años, a partir de las reformas que ha impulsado el Presidente Enrique Peña Nieto, la productividad en consecuencia con la competitividad sea lo que mueva a nuestro país.

Claramente el presidente lo dijo, lo que nosotros necesitamos hacer para lograr y alcanzar los niveles de  crecimiento económico es necesario primero que se hicieran estas grandes reformas,  que se realizaron durante los primeros años de su administración,  y en segundo  la consecuencia de esto es que para que el país crezca se tiene que seguir impulsando todos estos factores que hoy vamos a revisar, como es el salario, la productividad y la formalidad.

Es cuanto señor presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

“En lo que usted expuso no escuché la idea de que vayan a someter a consulta pública el tema de desincorporación de activos”: Sen. Gerardo Flores Ramírez.

México D.F., a 17 de octubre del 2014

Boletín número 165/14

 

“En lo que usted expuso no escuché la idea de que vayan a someter a consulta pública el tema de desincorporación de activos”: Sen. Gerardo Flores Ramírez.

 

En el marco de la comparecencia de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encabezados por el Comisionado Presidente Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, el Senador Gerardo Flores Ramírez, integrante del Partido Verde cuestionó al Comisionado sobre la razón por la que el IFT ha optado por omitir la consulta pública sobre la definición de mercados relevantes, conforme lo prevé la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un tema fundamental para otro tema estrechamente relacionado: la desincorporación de activos de América Móvil, declarado como agente económico preponderante por el IFT conforme a lo previsto en la Constitución.

“En lo que usted expuso no escuché la idea de que vayan a someter a consulta pública el tema de desincorporación de activos y me gustaría saber ¿cuál es la razón por la que el Instituto ha optado por omitir este importante paso? Creo que es muy importante en este nuevo entorno en el que se desenvuelven ambos sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión”, subrayó el Senador Flores.

Al respecto, el legislador ecologista recordó que hace variosaños la Unión Europea (UE) inició un proceso de consulta pública mediante el cual determinó alrededor de 24 mercados relevantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión; “mercados relevantes que han ido disminuyendo por las medidas regulatorias que la UE ha emitido y han sido exitosas, pues reconocieron que ya hay condiciones de competencia en varios mercados que en su momento requerían medidas de regulación ex-ante para evitar el abuso del poder sustancial de otros operadores”, subrayó Flores Ramírez.

“Me preocuparía mucho que el tema más relevante que tiene que ver con el éxito o fracaso de la reforma en su conjunto, el de desincorporación de activos, le quite las obligaciones que se le impusieron en su momento al agente preponderante en cuestión; por ello, es necesario un proceso de consulta pública y me gustaría irme con la tranquilidad de que efectivamente el Instituto va a utilizar el espíritu de la legislación tanto en materia de telecomunicaciones como en materia de competencia económica para garantizarle a todos los mexicanos que las decisiones que se van a tomar, sobre todo esta que es la más relevante, se considerará la opinión no sólo del propio Instituto sino de especialistas que puedan participar en el procedimiento de consulta pública”, insistió el Senador Gerardo Flores.

A este cuestionamiento, los comisionados afirmaron que en el tema de desincorporación de activos de América Móvil habrá consulta pública.

En cuanto al tema de la eliminación de la larga distancia a partir del 1º de enero del próximo año, el integrante del Partido Verde enfatizó el deber del IFT de cumplir con los plazos y de ser cuidadosos en eliminar condiciones que impidan a los operadores cursar su tráfico de la manera más eficaz bajo el nuevo entorno.

“Me parece que es muy importante para el mejor funcionamiento del mercado que a partir del 1º de enero del 2015 se hable de una sola área de servicio local y no le estemos dando oportunidades al preponderante de seguir manipulando la forma en que se cursa el tráfico en este país”, concluyó el Senador Flores.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

 
El Poder Legislativo debe seguir trabajando para romper los muros que en la actualidad persisten para que las mujeres tengan acceso al voto: Sen. María Elena Barrera Tapia

México D.F., a 16 de octubre de 2014

Boletín número 164/14

 

El Poder Legislativo debe seguir trabajando para romper los muros que en la actualidad persisten para que las mujeres tengan acceso al voto: Sen. María Elena Barrera Tapia

 

Tras conmemorar el 61 Aniversario del Derecho al Voto para la Mujer en México, la senadora María Elena Barrera Tapia del Partido Verde calificó como toral la participación del gremio femenino en los momentos más representativos de la historia del país, pues gracias a ellas existe una consolidación del estado de derecho de nuestro país.

Durante el posicionamiento de su bancada señaló que la lucha de las mujeres en la participación política mexicana no ha sido fácil, tal y como lo evidencia la lucha por la reivindicación de los derechos políticos de ellas. Por ello, la senadora se congratuló de que la mujer mexicana hoy tenga el derecho al voto y a ser votada, y al mismo tiempo sea parte fundamental de la toma de decisiones políticas del país porque con su participación se solidifica la piedra angular en un régimen democrático, conformado por el reconocimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho, y su garantía para hacerlos exigibles.

Aseveró que desde el Poder Legislativo se debe seguir trabajando para fortalecer el respeto, la inclusión y la equidad de género, para romper los muros que en la actualidad persisten para que las mujeres tengan acceso a este derecho civil y político.

“Ayer, en el evento de conmemoración de este aniversario el Presidente, atestiguó la firma del Convenio del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, un instrumento que permitirá llevar el impulso del estado que guarda así como el de mantener la participación femenina en la vida política del país. Asimismo, la Cámara Alta dio un paso sin precedentes al firmar el acuerdo para crear la Unidad de Género del Senado de la República, cuyo propósito será el de institucionalizar la perspectiva de género dentro de esta dependencia, con el fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva”, abundó.

Evocó el caso de Josefa Ortiz de Domínguez y la toluqueña Leona Vicario, ya que fueron heroínas que formaron parte medular en el movimiento independentista. En los 20 los Estados de Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas marcaron la pauta cuando otorgaron a las mujeres el derecho de aspirar a cargos de elección en el ámbito de la entidad.

“En 1923 se consolidó la primera diputada local y la primera regidora en asumir cargos de representación popular, cuando en esa época las mujeres carecían del derecho de voto en México”, recordó.

Destacó a la diputada Elvia Carillo Puerto quien fuera una dirigente incansable en el tema de igualdad y quién dedicó su vida para lograr el voto de la mujer en el país. “De ahí que esta alta tribuna conmemore cada año a una mujer destacada con un reconocimiento que lleva su nombre”.

“No fue hasta 1948 que con la firma de la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a la Mujer que el Gobierno de la República dio un paso firme para reconocer los derechos civiles de las mujeres en la política de nuestro país, y decreta en 1954 el Derecho de la mujer a votar en todas las elecciones”, detalló.

Finalmente, la legisladora mexiquense dijo que ya con el derecho de votar y ser votadas, fue electa en ese mismo año la primera diputada federal y en 1964 las primeras senadoras. Comentó que en 1979 toma protesta la primera gobernadora de una entidad federativa; en 1988 existió la primera candidata presidencial, y en 1999 una mujer accede a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal.

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Las políticas públicas de años anteriores hicieron a un lado la calidad en la vivienda por hacer énfasis en abolir el déficit en la misma: Sen. María Elena Barrera Tapia

México D.F., a 16 de octubre del 2014

Boletín número 163/14

 

 

Las políticas públicas de años anteriores hicieron a un lado la calidad en la vivienda por hacer énfasis en abolir el déficit en la misma: Sen. María Elena Barrera Tapia

 

La presidenta de la Comisión de Vivienda en el Senado de la República,  María Elena Barrera Tapia, celebró la aprobación del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda con el fin de que las casas de interés social en el país sean de calidad.

Recordó la senadora del Partido Verde que en años anteriores las políticas públicas en materia de vivienda hicieron énfasis en aumentar el número de casas como medida para poder abatir el déficit habitacional, dejando en segundo término la calidad de la vivienda ofrecida, lo cual representó un problema frecuente de gravedad en viviendas de interés social, ya que la calidad disminuyó en sentido inverso a los costos reportados.

Y es que la legisladora mexiquense declaró que en el artículo 4 Constitucional se consagra el derecho a la vivienda pues señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Comentó la senadora mexiquense que si por digno se entiende como aquello que merece respeto y estima, y por decoroso aquello que reúne las condiciones mínimas para ser merecedor de respeto entonces el derecho a la vivienda diría:

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, en la cual sienta placer, y donde gozará de una condición o circunstancia favorable; podrá usar o poseer una casa buena, útil y agradable. Una vivienda que resulte decorosa, que reúna las condiciones mínimas necesarias para ser merecedora de ese respeto y que denote decencia y dignidad”.

Por ello, Barrera Tapia aseveró que la satisfacción del derecho a la vivienda permite acceder al disfrute de otros derechos como los relativos a la dignidad humana, seguridad jurídica, privacidad, ambiente adecuado, derecho a la salud, entre otros.

“En ese sentido se considera pertinente ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa para incluir los conceptos de espacios habitables y auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida a la familias mexicanas”, señaló.

Explicó la también presidenta de la Comisión de Vivienda que los espacios habitables son el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, cuentan con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia, comedor y dos recamaras. “Mientras que los espacios auxiliares son los lugares del hogar donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación”, detalló.

“En resumen, con la incorporación de estos conceptos a la Ley de Vivienda se estarán abonando elementos que contribuyan al reto de acortar las brechas de desigualdad”, finalizó.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Me referiré al dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos en el que se reforman los Artículos 2,4,6,19,22,33,43,71 Y 78 de la Ley de Vivienda.

México, D. F., a  16  de Octubre de 2014

 

Me referiré al dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos en el que se reforman los Artículos  2,4,6,19,22,33,43,71 Y 78 de la Ley de Vivienda.

 

La iniciativa que se dictaminó, reafirma la importancia que tiene el derecho a una vivienda digna y decorosa como exigencia de la dignidad humana, que permite el acceso a otros derechos como el libre tránsito, seguridad jurídica, privacidad, inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, un medio ambiente adecuado y derecho a la salud.

Enfatiza que la dignidad y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de evaluar, y que el primer parámetro de medición para estas cualidades tiene que ver con la extensión o tamaño de la vivienda, con relación al número de sus habitantes, ya que una casa habitación sin espacio no podría asegurar los parámetros mínimos de bienestar y comodidad para sus habitantes.

Resalta que en la Estrategia Mundial de Vivienda, preparada por la Organización de las Naciones Unidas, la vivienda adecuada se define como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, así como acceso a los servicios básicos, todo ello, a un costo razonable”.

Agrega que las viviendas adecuadas, para propiciar condiciones dignas de vida a sus habitantes, deben cumplir con las disposiciones en materia de asentamientos humanos, cumplir con las normas de construcción, tener acceso a servicios públicos básicos, y en su interior contar con un espacio mínimo.

Destaca que una vivienda digna requiere de espacios habitables y espacios auxiliares, propicios para el descanso, la convivencia, el trabajo y la higiene, para que permitan la circulación de sus habitantes.

Menciona que el hacinamiento es un problema social vinculado, por lo general, a la pobreza, que se presenta cuando dos o más personas comparten un solo cuarto, pero que puede extenderse al espacio físico total de la vivienda, impidiendo que la familia realice adecuadamente sus actividades.

La concepción de espacios suficientes en las viviendas, permite elevar la calidad de vida de sus habitantes, contribuye  a eliminar algunos problemas de salud y de violencia intrafamiliar.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa establecido en la Ley de Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables y auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida, para aquellos que siendo beneficiarios de créditos para vivienda de interés social, adquieran una vivienda que reúna las condiciones mínimas de calidad que permitan una sana convivencia familiar y construcción del tejido social.

Por eso solicito a todos su voto a favor de la aprobación de este dictamen.

Es cuanto Señor Presidente.

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El día de hoy, en el contexto del LXI Aniversario del Derecho al Voto de la mujer en México, quiero destacar la importancia de este hecho en la consolidación del estado de derecho de nuestro país.

México, D. F., a  16  de Octubre de 2014

 

Con su permiso, Señor Presidente

Compañeras y compañeros Senadores, Senadoras, jóvenes estudiantes:

 

El día de hoy, en el contexto del LXI Aniversario del Derecho al Voto de la mujer en México, quiero destacar la importancia de este hecho en la consolidación del estado de derecho de nuestro país.

La participación de las mujeres ha sido toral en los momentos más representativos de nuestra historia.

Tal es el caso de Josefa Ortiz de Domínguez y la toluqueña Leona Vicario, mujeres heroínas que formaron parte medular en el movimiento independentista, pero sin los derechos ciudadanos y sin la posibilidad de servir a su país desde los cargos de elección.

Es hasta los años veinte, que los estados de Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas marcaron la pauta cuando otorgaron a las mujeres el derecho de aspirar a cargos de elección en el ámbito de la entidad.

Consolidándose en 1923 la primera Diputada Local  y  la Primera Regidora, en asumir cargos de representación popular, cuando las mujeres en México aún carecían del derecho de voto.

Quiero destacar a la Diputada Elvia Carrillo Puerto quién fuera una dirigente incansable en tema de igualdad y quién dedico su vida para lograr el voto de la mujer en nuestro país. De ahí que esta alta tribuna reconozca cada año a una mujer destacada con un reconocimiento que lleva su nombre.

Es con la firma de la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles a la Mujer en 1948.

Que el gobierno de la república dio un paso firme para reconocer los derechos civiles de las mujeres en la política de nuestro país, y decreta en 1954 el Derecho de la mujer a votar en todas las elecciones.

Ya con el derecho de votar y ser votadas, fue electa ese mismo año la primera diputada federal y en 1964 las primeras senadoras Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina, asignándose también por primera vez a Lavalle Urbina el cargo de Presidenta del Senado.

En 1979, toma protesta la primera gobernadora  de una entidad federativa, en 1988 existe en México una candidata a la presidencia de la República,  y en 1999 accede una mujer a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal.

Hoy hemos avanzado grandemente, la perspectiva de género no sólo está inscrita como una estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

Existe total respaldo al desarrollo y empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.

Ayer, justamente durante el evento  de conmemoración de esta aniversario el Presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto, atestiguo la firma del convenio  para la creación del Observatorio de participación política de las mujeres en México, sin duda un instrumento más que permitirá llevar el pulso del estado que guarda y mantendrá  la participación femenina en la vida política de nuestro país y hoy en el Senado de la República, aquí da un paso sin precedentes con la firma del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se crea la Unidad de Género del Senado de la República, cuyo propósito será, ser responsable de institucionalizar la perspectiva de género dentro del Senado con el fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva, estará adscrita a la Mesa Directiva y la supervisión del cumplimiento de sus objetivos y el plan de trabajo estará a cargo de la Comisión para la Igualdad de Género.

Por ello, desde aquí el Partido Verde Ecologista de México, le extendemos un amplio reconocimiento tanto a la actual Mesa Directiva como a los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

La lucha de las mujeres en la participación política mexicana no ha sido fácil, tal como lo evidencia la lucha por la reivindicación de los derechos políticos de estas mujeres.

Por ello, nos congratulamos que la mujer mexicana hoy tenga el derecho a votar y ser votada, y sea parte fundamental de la toma de decisiones políticas del país ya que con su participación se solidifica la piedra angular en un régimen democrático, conformado por el reconocimiento de los derechos  humanos, el Estado  de  derecho,  y  su  garantía  para hacerlos exigibles.

Como también estamos seguros  que será necesario seguir trabajando para fortalecer el respeto, la inclusión y la equidad de género, para romper los muros que en la actualidad persisten para que las mujeres tengan  acceso a este derecho civil y político.

Es cuanto Señor Presidente.

Muchas Gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Les ofrezco una disculpa, pensé que mis colegas del Partido del Trabajo harían uso de su oportunidad de pregunta, pero bueno. Me voy a enfocar a dos temas, dos temas que fueron mencionados en la exposición del presidente del instituto

México, D. F., a  14  de Octubre de 2014

 

 

Gracias Presidenta.

 

Les ofrezco una disculpa, pensé que mis colegas del Partido del Trabajo harían uso de su oportunidad de pregunta, pero bueno. Me voy a enfocar a dos temas, dos temas que fueron mencionados en la exposición del presidente del instituto, a quien agradezco por la exposición de los temas que hizo ahorita en tribuna, agradezco también la disposición de los demás integrantes de las comisionadas y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para estar esta tarde aquí y atender las inquietudes de los senadores integrantes de estas dos comisiones.

Por lo que hace al tema de la preponderancia, a lo que se refirió el senador presidente, a mí me queda una duda, o sea, efectivamente supimos que se impusieron medidas asimétricas a los agentes preponderantes en el sector de telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión, sin embargo, por ejemplo, en el Senado de la República yo no lo he podido ver en los informes trimestrales, no conocemos exactamente la valoración que ha hecho el instituto hasta el día de hoy del cumplimiento efectivo de estas medidas, me gustaría que nos explicara un poco, sobre todo las medidas principales que se impusieron en ambos casos, nos pudieran explicar, algunos de sus colegas también, sobre este cumplimiento efectivo de las medidas asimétricas.

Entiendo que era la intención emitir reportes periódicos sobre el cumplimiento efectivo de estas medidas y reitero no lo conozco, por lo menos aquí en el Senado, no tenemos conocimiento de sus reportes.

Usted hizo referencia a las ofertas de referencia, previstas para los dos casos de los agentes preponderantes y me queda una duda porque usted mencionó, y aquí lo noté, que las ofertas fueron recibidas el 4 de junio, fueron analizadas, el instituto solicitó modificaciones y que esas modificaciones ya fueron presentadas al instituto y que en este momento se analizan nuevamente para ser aprobadas a más tardar el 31 de diciembre.

Me llama la atención, me preocupa un poquito que con la entrada en vigor de la nueva legislación que concretamente en el artículo 2, 6 y 8 del nuevo marco jurídico se establece que estas ofertas de referencia deben sometidos a consulta pública. En lo que usted expuso no escuché la idea de que vayan a someter a consulta pública y me gustaría saber ¿cuál es la razón por la que el instituto ha optado por omitir este importante paso? Creo que es muy importante que en este nuevo entorno en el que desenvuelven ambos sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión.

Por lo que es el tema de la desincorporación de activos que tanto se ha manejado en medios de desincorporación de activos de uno de los dos preponderantes, está claro que el artículo 12 transitorio del nuevo marco legal establece esa posibilidad, pero también establece que el plan que presenta el instituto que entiendo no se ha presentado, sea un plan que garantice la competencia efectiva en el sector telecomunicaciones en este caso.

Eso me lleva a que para que se pueda valorar, si se garantiza la competencia efectiva o no, es necesario que el instituto pues haya hecho ya un trabajo por lo que hace a la definición de mercado relevante, que me lleva su vez al artículo 39 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que habla de, ahí se estableció un periodo para que, voy a leer muy brevemente parte del artículo que dice: dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrada en vigor. Y habla de “iniciar los procedimientos de investigación que correspondan a los términos a la Ley Federal de Competencia Económica a fin de determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión entre los que deberá incluirse el mercado nacional de audio y video asociado a través de redes públicas de telecomunicaciones”. Para ello, tendría que haberse ya, se debe tener una determinación de ¿cuáles son los mercados relevantes sobre los cuales esté haciendo este trabajo el instituto?

Me preocupa que tampoco he visto un proceso de consulta pública respecto a la determinación de los mercados relevantes. Es un tema que evidentemente incide directamente en el artículo  19 transitorio pero nos va llevar a darle eficacia al artículo 12 transitorio de la propia ley.

En ese sentido me gustaría preguntarle ¿las razones por las cuales no se ha hecho la consulta pública, si ustedes consideran que no es necesaria y por qué?, y sobre todo, aquí por ejemplo traigo a colación como por ejemplo la Unión Europea hace varios años emitió o inició un proceso de consulta pública mediante el cual determinó, si mal no recuerdo, alrededor de 24 mercados relevantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Mercados relevantes que han ido disminuyendo en que las medidas regulatorias que ellos han impuesto, los países integrantes de la Unión Europea, han sido exitosas y han permitido reconocer que hay condiciones de competencia en varios de los mercados que originalmente se consideraban eran necesarios, o se consideraban que se requerían imponer en ellos medidas de regulación exante para evitar el abuso del poder sustancial de otros operadores, entonces esos son los dos temas de esta ronda de preguntas, comisionados.

Por mi parte es cuanto presidente, presidenta.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Muchas gracias Presidente.

Muy brevemente, entiendo esta cuestión jurídica de que las ofertas de referencia no están siendo sometidas a consulta pública porque las medidas que se impusieron fueron con apego al anterior marco legal y que el Artículo 268 que yo me referí a su vez refiere al Artículo 267.

Sin embargo, me parece que aquí lo importante es el espíritu de la nueva Ley en cuanto a que las decisiones que está tomando el Instituto, puedan ser sometidas a esta tipo de procesos que son procesos, sin  duda alguna considerado como mejores prácticas internacionales en materia de regulación y me parecería, sinceramente y lo digo con toda franqueza que es un poco chato el decir que no se hace una consulta pública porque la Ley anterior no lo preveía que fue con respecto a la cual se adoptaron las medidas.

Me parece que en todo caso, el Instituto debería de hacer un esfuerzo para adaptar las decisiones que va tomando aunque sean o que vengan retrasadas o apegadas al anterior marco legal pero en la medida de lo posible  recuperar o imponer en ellas el espíritu de la nueva Ley; me parece que eso debería de ser muy importante y en ese sentido me gustaría reiterar el tema de la desincorporación de activos porque justamente a mí lo que me está preocupando es esta cuestión de que si bien el Instituto se ha acreditado su intención de  hacer consultas públicas en algunos temas, hay otros temas que me parece que el Instituto no ha considerado para consultas.

Y me preocuparía mucho que el tema más relevante que tiene que ver con el éxito o fracaso de la reforma en su conjunto desde mi personal punto de vista que es  el que tiene que ver con esta desincorporación de activos, que si es aprobada por el Instituto le quitaría de acuerdo a lo que dispone el propio 12 Transitorio, las  obligaciones que se le impusieron en su momento al agente preponderante en cuestión.

Entonces, la Ley Federal de Competencia prevé si no mal recuerdo en su Artículo 12,  la posibilidad de que cuando se trata de desincorporación de activos, haya un proceso de consulta pública y a mí me gustaría saber  o irme con la tranquilidad de que efectivamente el Instituto en este caso va a utilizar el espíritu de la legislación tanto en materia de telecomunicaciones como en materia  de competencia económica para garantizarle a todos los mexicanos que las decisiones que se van a tomar, sobre todo esta que es la más relevante, pues considere la opinión no sólo del propio Instituto sino de especialistas que puedan participar en el procedimiento de consulta pública.

Es cuanto Presidenta

SEGUNDA PARTE

Me voy a concretar hacer una pregunta sobre el tema de las resoluciones de interconexión que ha adoptado el Instituto en forma reciente y mi preocupación tiene que ver en estas resoluciones con esta cuestión de la forma en que está construido el modelo y que está dando por resultado reducciones en las tarifas de interconexión de los agentes económicos por llamarlo así, los competidores presentes en el mercado de telecomunicaciones.

Y me preocupa porque el modelo hasta donde entiendo supone que se trata de un operador hipotético con una participación de mercado de cerca de un tercio o de 33 por ciento del mercado que tiene frecuencias de espectro radioeléctrico en la banda de 800 megagertz lo cual solamente es verdad para el operador preponderante, los demás operadores, hay algunos que tienen frecuencias en esa banda, pero sólo en unas regiones.

Ningún otro operador tiene espectro a nivel nacional en esa banda y por lo demás este supuesto de una  participación de mercado de 33 por ciento de un tercio de mercado, me parece bastante cuestionable sobre todo cuando estamos hablando de un mercado como el mexicano que nada tiene que ver con ningún otro mercado prácticamente en el mundo donde tenemos un operador que tiene el 70 por ciento del  mercado.

Los demás operadores a duras penas todos juntos llegan al 30 por ciento, entonces me parece que;  yo creo que es importante que el Instituto haga un ejercicio de reflexión de cómo está construyendo este modelo porque me parece que incluso que la propia Suprema Corte de Justicia lo señaló en una tesis en un caso en particular donde sugiere que se tomen en cuenta las diferencias de tamaño entre los operadores.

La propia Constitución en su Artículo 28 señala de manera expresa que el Instituto debe regular de manera asimétrica a los operadores, y me parece que la mejor manera de hacerlo es a través de las tarifas de interconexión  que por lo menos al día de hoy la Ley; incluso la propia Ley prevé que sean asimétricas.

Me gustaría conocer la postura del Instituto sobre este tema bastante importante sobre todo pues para el desarrollo de la competencia efectiva en el mercado mexicano.

Es cuanto Presidente.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Esta definición  hipotética de cuál debería ser la mejor regulación de las tarifas de interconexión basadas en un modelo como el que usted acaba de describir.

Sin embargo estos modelos lamentablemente no fueron útiles en varios lados, y México no es la excepción, tan es así que en la Unión Europea por ejemplo, se vinieron usando modelos donde si se reconocía la participación del mercado o el tamaño de los operadores, de tal manera que paulatinamente fueron mejorando las condiciones de competencia, mejoraron incluso la forma en la que se distribuían las participaciones del mercado de los operadores, efectivamente al día de hoy, hay una recomendación de la Unión Europea para que los reguladores ya solamente emitan una sola tarifa de interconexión y no emitan varias como lo estuvieron haciendo, una tarifa por cada operador como lo estuvieron haciendo durante varios años.

Pero eso es consecuencia de que el modelo que reconocía los tamaños de los operadores sí funcionó. Y además estoy hablando de mercados de la situación de competencia o de concentración que no era tan grave como el de México.

Me parece que esperar que una tarifa basada en un modelo como éste, como el que acaba de describir la comisionada genere incentivos a los operadores para que sean cada vez más eficientes, pues es un poco soñar y está  a la vista de que eso ha sido imposible en México con un operador que domina al menos el 70 por ciento del mercado.

Me parece que el Instituto no estaría haciendo su tarea si deja en manos de los operadores, este esfuerzo que efectivamente ellos deben hacer, pero yo creo que el Instituto debe ser muy claro en reconocer que hay un jugador que a diferencia de todos los mercados desarrollados e incluso de países comparables al de México no muestras esas características de concentración.

Por lo tanto, yo creo que lejos de ceñirnos a una regulación ideal, debemos también atender o voltear a ver las regulaciones que se utilizaron de manera eficaz en varios países y que ayudaron efectivamente a mejorar las condiciones de competencia.

Y ya nada más un último comentario, Presidente, sobre el tema que mencionó en algunas de sus intervenciones el comisionado sobre la eliminación de la larga distancia a partir del 1º de enero del próximo año.

 A mí me preocuparía nada más que el Instituto esté pensando en perpetuar o seguir adelante con este tema de las áreas del servicio local, me parece que lo que debemos pensar que a partir del 1º de enero del 2015 hay una sola área de servicio local en el país, independientemente de lo que hagamos con la numeración la marcación y todos estos planes fundamentales que eventualmente podremos ir ajustando, me parece que es muy importante para el mejor funcionamiento del mercado que a partir del 1º de enero del 2015 se hable de una sola área de servicio local y no le estemos dando oportunidades al preponderante de seguir manipulando la forma en que se cursa el tráfico en este país.

Es cuanto Presidente.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

La presidenta de la Comisión de Vivienda en el Senado, María Elena Barrera Tapia del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo que dictaminó la comisión que preside para exhortar al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para la Trabajadores (INFONAVIT) para que otorgue un informe detallado sobre la situación actual de los despachos externos que realizan labores de cobranza para el instituto.

México D.F., a 14 de octubre del 2014

Boletín número 162/14

 

También solicitó la senadora al INFONAVIT de a conocer las distintas etapas del modelo de cobranza social que se aplica.

 

La presidenta de la Comisión de Vivienda en el Senado, María Elena Barrera Tapia del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo que dictaminó la comisión que preside para exhortar al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para la Trabajadores (INFONAVIT) para que otorgue un informe detallado sobre la situación actual de los despachos externos que realizan labores de cobranza para el instituto.

Asimismo, en el documento se estipula que además de la lista de los despachos de cobranza contratados por el instituto, es necesario conocer a detalle las distintas etapas del modelo de cobranza social, así como su resultado.

Recordó que en diciembre de 2013 se aprobó por unanimidad en el Pleno del Senado una reforma a la Ley del INFONAVIT, donde se resaltó que para que el Fondo no pierda su objetivo social y solidario deben vigilarse los esquemas de cobranza, de ese modo se lograría la amortización de los créditos otorgados, así como la generación de mecanismos de acuerdo a sus capacidades, teniendo presente que el INFONAVIT no busca el lucro, sino el apoyo a la clase trabajadora del país.

“Es necesario reforzar los mecanismos de cobranza para poder beneficiar a los derechohabientes con rendimientos competitivos a sus ahorros, de esta forma se aseguraría la viabilidad financiera a largo plazo y se incrementarían los recursos disponibles para la atención de los trabajadores que aún no cuentan con vivienda”, comentó.

Por ello, dijo, la Comisión de Vivienda coincide con esta propuesta, respecto a la importancia de la reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley del INFONAVIT, así como en la necesidad de establecer y revisar permanentemente los mecanismos de cobranza social que permitan a los acreditados conservar su patrimonio.

La legisladora mexiquense detalló que sería a partir de un esquema de equilibrio que no comprometa la viabilidad financiera del INFONAVIT, y ni ponga en riesgo la posibilidad del resto de los derechohabientes de ejercer su crédito de vivienda, sino siempre en las condiciones financieras más favorables que sean posibles.

Explicó que para garantizar que el modelo de cobranza social cumpla con sus expectativas, es preciso que el INFONAVIT supervise de manera puntual el desempeño de los despachos de cobranza, ya que en gran medida son estos los responsables de aplicar dicho modelo, dada la necesidad que tiene el instituto de apoyarse en proveedores de servicios externos a fin de asegurar la recuperación de créditos.

“Y es que la misión del INFONAVIT es contribuir al desarrollo integral de los trabajadores para que, independientemente de resolver su necesidad de vivienda en entornos sustentables, constituyan un patrimonio de por vida y su decisión sea la mejor opción para su seguridad, tranquilidad y convivencia social”, subrayó.

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El Pleno del Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo de urgente resolución presentado por el Senador Carlos Puente Salas, por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

México D.F. a 14 de octubre de 2014

Boletín número 161/14

 

 

El Estado debe garantizar que los energéticos lleguen a todos en aras de la productividad del país: Puente Salas.

 

El Pleno del Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo de urgente resolución presentado por el Senador Carlos Puente Salas, por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) su intervención para investigar las acciones de Grupo Simsa en el Estado Zacatecas ya que presuntamente realiza acciones discriminatorias entre usuarios y consumidores. El Punto de Acuerdo contó con el respaldo de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México.

Además, el Senado exhorta respetuosamente a que la CRE: intervenga para proporcionar trato igualitario a la industria zacatecana en el acceso y conexión al sistema de gasoductos; realice visitas de verificación, inspección y supervisión a Grupo Simsa, así como citar a comparecer a representantes de dicho Grupo para verificar si está propiciando una adecuada cobertura, atendiendo la confiabilidad, calidad y seguridad en la prestación de los servicios de distribución de gas natural.

Puente Salas comentó que en Zacatecas el Grupo Simsa ha denegado ilegalmente a empresas zacatecanas la conexión a gasoductos, siendo éste un servicio público.

El integrante de la Comisión de Energía explicó que el Gobierno del Estado aportó el 12.8 por ciento del financiamiento del gasoducto y, por otro lado, legalmente están imposibilitados a negar interconexión, ya que la resolución de la CRE (RES/604/2013) a Transportadora de Gas Natural de Zacatecas, obliga otorgar el acceso abierto a su sistema, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Gas Natural, así como prestar el servicio de transporte en base firme e interrumpible a todos los usuarios que lo requieran.

“Las acciones que está realizando Grupo Simsa son actos meramente dilatorios. De no poner un alto seguirán causando graves daños y perjuicios económicos a empresas zacatecanas porque se niega ilegalmente el acceso a los energéticos necesarios para la producción de bienes y la generación de empleos. De no actuar lo antes posible se pueden causar afectaciones irreparables a la economía del Estado de Zacatecas”, abundó.

Puente Salas señaló que como senador del Partido Verde y por el Estado de Zacatecas estuvo a favor de las reformas al sector energético y hoy más que nunca está convencido de que los cambios fueron acertados. “El marco jurídico actual nos permite contar con las herramientas necesarias para exigir la competencia en el sector, así como el respeto de los intereses y derechos de los nacionales”, detalló.

Puente Salas explicó que entre las atribuciones que tiene la CRE destacan dos: imponer sanciones y solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información y verificar la misma respecto de las actividades reguladas.

“El Estado debe garantizar que los energéticos lleguen a todos en aras de la productividad del país. Esto es parte de la democratización energética. Confiamos en la CRE para que detenga la obstaculización injustificada y las prácticas discriminatorias a la industria zacatecana”, señaló.

Finalmente, Puente Salas dijo que “los particulares que no cumplan la ley en materia energética y limiten el acceso al gas natural, atentan contra los nacionales, detienen la productividad nacional y deben ser sancionados”.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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