Por años se ha argumentado sobre la necesidad de actualizar el sistema de pensiones veracruzano, conforme a los requerimientos necesarios para el mejor funcionamiento y cumplimiento que las expectativas sociales demandan, en atención a tales necesidades el Ejecutivo del Estado, ha remitido a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Ley de Pensiones del Estado por medio de la cual se busca resolver la problemática que en esta materia aqueja a nuestra Entidad.

Con su venia diputada presidenta.

Compañeras diputadas y diputados:

 

Por años se ha argumentado sobre la necesidad de actualizar el sistema de pensiones veracruzano, conforme a los requerimientos necesarios para el mejor funcionamiento y cumplimiento que las expectativas sociales demandan, en atención a tales necesidades el Ejecutivo del Estado, ha remitido a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Ley de Pensiones del Estado por medio de la cual se busca resolver la problemática que en esta materia aqueja a nuestra Entidad.

Lo anterior, se afirma con toda certeza, pues del análisis de la iniciativa que nos ocupa, se desprenden importantes avances que impactan positivamente el sistema de pensiones veracruzano.

Preciso algunos de los muchos aspectos positivos de la Ley que hoy votamos, se introduce la reducción de los años de servicio para tener derecho a una pensión por causas ajenas al trabajo; cuando antes el mínimo eran 15 años, ahora sólo se requieren 3 años de antigüedad; igual tratamiento concede para los casos de fallecimiento de un pensionado por incapacidad permanente a consecuencia de una causa diferente a la que dio origen a la misma. Todo cual resulta sumamente benéfico por razones de justicia social.

Una más de las benevolencias, es que para disfrutar una pensión por invalidez, ya no es necesario tener como mínimo 15 años de servicio y cotización, basta con tener sólo 3 años.

Muy oportuno es también que ahora ya no se les negara la pensión por viudez a las viudas o concubinas que están incorporadas como trabajadoras o pensionistas al IPE; ello atendiendo a los múltiples criterios de los Tribunales Federales que han respaldado el derecho que les asiste y que la actual Ley les niega.

Una de las novedades de estas reformas, es el establecimiento del salario regulador, por medio del cual, la pensión que gozara el beneficiario, ya no será calculada con base en su último sueldo, sino con base en los sueldos que percibió durante todo su vida laboral, es decir, se realizara un promedio salarial, previa actualización mediante el índice Nacional de Precios. Este cambio, es motivado por los múltiples casos que se dan, en donde el trabajador durante casi toda su vida laboral cotiza con un sueldo menor y faltando un año para jubilarse cambian a una plaza de mayor salario, todo lo cual ha impactado seriamente las finanzas del Instituto Estatal de Pensiones.

Respecto a lo anterior, se prevé que para los trabajadores que hayan ingresado al servicio antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, no se promediara la totalidad de los sueldos percibidos durante sus 30 años de servicio sino que, dependiendo del número de años que le falten por llegar a los 30 a partir de la entrada en vigor de Ley, serán los años de salarios a considerar para obtener su promedio salarial. Esta disposición protege a los trabajadores que ingresaron al servicio, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley.

Igual protección se otorga a los trabajadores que ingresaron al servicio bajo el cobijo de leyes anteriores, pues el dictamen que votaremos, salvaguarda los derechos que tales leyes previan. Por ejemplo, a los trabajadores que ingresaron al servicio antes del 26 de noviembre de 2007, tendrán derecho a la pensión por jubilación al cumplir 30 años de servicios y 53 años de edad y para los que entraron con posterioridad a esa fecha y hasta antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, se les requieren 30 años de servicio y 60 años de edad.

Así mismo, se fortalece la facultad de verificación del IPE, a efecto de revisar y controlar la documentación y datos que han servido de base para conceder una pensión sean veraces y fidedignos, así como para comprobar que el patrón este haciendo correcta y oportunamente las retenciones a los trabajadores.

De suma importancia, es mencionar la creación del Comité de Vigilancia, el cual como órgano de gobierno del IPE, cuidara el buen uso, manejo y destino de los recursos del Instituto.

Por otro lado, con elfin de mejorar y fortalecer el esquema de jubilación, pensiones y demás prestaciones, se prevé como obligación del Consejo Directivo del IPE, revisarlo periódicamente mediante estudios actuariales financieros.

El tema de las sanciones es también un punto de toral importancia en la iniciativa que nos ocupa, pues busca desincentivar las prácticas ilegales y corruptas, ello agudizando las sanciones a las que se harán acreedores los servidores públicos que incumplan alguna de las obligaciones impuestas por la ley, ahora la multa será de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en esta capital y ya no de 2 a 250.

Finalmente, debo decir que otra más de las bondades de la Ley, es que respeta el principio de irretroactividad de la ley, ya que para las personas que ya tiene el carácter de pensionistas, sus derechos adquiridos permanecerán intocados y además en lo relativo a los tramites de jubilación; pensión por vejez, invalidez, incapacidad, por causa de muerte; etcétera; si tales fueron presentados al IPE, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley, se concederán los términos establecidos en las leyes abrogadas.

Por otro lado, por lo que hace al punto relativo al aumento en la edad requerida para disfrutar una pensión por jubilación o vejez, el cual pasa de 60 a 65 años, debe decirse que tal, encuentra plena y cabal justificación en el hecho que la expectativa de vida de los veracruzanos ha incrementado en los últimos años y en consecuencia por razones financieras y de interés social, debe establecerse un nuevo parámetro.

Lo anteriormente expuesto, hace innegable que la iniciativa que nos ocupa, busca hacer sostenible la economía del IPE, el cual como bien se reconoce en la propia exposición de motivos, actualmente es una entidad sin viabilidad financiera y de no reformarse el actual sistema, sufrirá una descapitalización y ello podría acarrear una crisis en el pago de pensiones, lo cual debemos evitar a toda costa.

De este modo, garantizar y proteger el derecho humano a la seguridad social de los veracruzanos es el objetivo esencial de esta iniciativa, el cumplimiento de tan relevante objetivo está hoy en nuestras manos.

La aprobación de la iniciativa que contiene la Ley de Pensiones Estatal constituye uno de los grandes pasos que se deben dar en Veracruz y que no admite demoras, ello a fin de resolver la problemática que en materia de pensiones actualmente atravesamos; por esta razón, hoy los invito señoras y señores Diputados, a que reconozcamos las virtudes de esta nueva Ley, y que teniendo en mente a los pensionistas del Estado y a las futuras generaciones, reconozcamos que la iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración es viable, es buena y es justa.

Es cuento Diputada presidenta.

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El acelerado crecimiento demográfico mundial tiene consecuencias relacionadas con la demanda de recursos como agua, alimentación, salud, tierras, medio ambiente, por lo que en 2050 más de la mitad de la población pertenecerá a la clase media, lo que incrementará la demanda de alimentos de origen animal en un 60 por ciento, según un informe de la FAO.

Boletín No. 244

Xalapa, Ver., 13 de julio de 2014

 

 

Se incrementará la demanda mundial de alimentos en un 60 por ciento

 

El acelerado crecimiento demográfico mundial tiene consecuencias relacionadas con la demanda de recursos como agua, alimentación, salud, tierras, medio ambiente, por lo que en 2050 más de la mitad de la población pertenecerá a la clase media, lo que incrementará la demanda de alimentos de origen animal en un 60 por ciento, según un informe de la FAO.

Así lo expresó Juan Eduardo Robles Castellanos, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y resaltó que en 2050 habrá 4 mil 800 millones de personas en la clase media, es decir, más de la mitad de la población mundial y ese factor influirá más que nunca en la producción de alimentos.

En ese sentido, alertó de la gran presión sobre los recursos naturales a medida que la población humana se expande, pues crece también la demanda de alimento, vivienda, agua, minerales, creando a la vez contaminación, destrucción de ecosistemas, extinción de plantas y animales, así como la pérdida constante de suelos agrícolas productivos.

El diputado integrante de la Comisión Especial de Energía y Recursos Renovables del Congreso local, señaló en el marco del Día Mundial de la Población, que es preocupante el ritmo actual de desarrollo, ya que la población mundial está creciendo a un ritmo de 80 millones de personas al año, y de acuerdo al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, administrar las áreas urbanas es uno de los más importantes retos del siglo XXI.

Y es que de acuerdo con las últimas proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 2013, México tiene casi 120 millones de habitantes y las entidades más pobladas son: el Estado de México con más de 16 millones de habitantes, le sigue el Distrito Federal con casi 9 millones y en tercer lugar se encuentra Veracruz con casi 8 millones de habitantes.

Por otro lado, en nuestro país, cuatro de los nueve alimentos que proporcionan el 75 por ciento del Suministro de Energía Alimentaria (SEA) entre la población, son de origen animal, y cinco de cada diez pesos del bolsillo de los mexicanos lo destinan a su compra.

“Ante este escenario es fundamental impulsar programas de desarrollo sostenible para todos, enfocados en la seguridad alimentaria así como la distribución del agua por el bienestar de las próximas generaciones”, expuso.

En otros datos, un informe de la ONU reporta que hoy existen 28 mega-ciudades que cuentan con más de 10 millones de habitantes y se espera que para el 2030 haya 42 mega-ciudades.