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EL DIPUTADO RICARDO ASTUDILLO PROPONE ROMPER EL MURO DEL BURÓ DE CRÉDITO

  • A fin de erradicar prácticas abusivas y proteger la privacidad de los consumidores

El diputado Ricardo Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los consumidores en el ámbito crediticio.

En conferencia de prensa, el diputado Astudillo Suárez señaló que no se trata de borrar todo el historial del pasado, se trata de corregir el presente y devolver oportunidades a millones de mexicanos que por una deuda muy pequeña han sido condenados. Apuntó que en la actualidad cerca del 50 por ciento de la población está fuera del sistema bancario, muchos por deudas que ya pagaron o deudas que tenían con empresas que ya dejaron de existir.

“Actualmente, el historial crediticio se conserva hasta por seis años, independientemente de qué ya hayas pagado la deuda. Lo que queremos con esta propuesta es que se reduzca a máximo 24 meses, es decir, de 72 meses a 24 meses”, explicó el legislador.

Además, expuso, hoy la ley marca que las deudas menores de 25 UDIS, es decir, 241 pesos, quedan en el buró de crédito y las deudas que son mayores de 1,000 UDIS, es decir de 8410 pesos, quedan marcadas hasta por seis años. “Nuestra propuesta es que sea por debajo de los 8410 pesos”, apuntó.

De igual forma, plantea que los reportes del buró de crédito no deban ser usados para juzgar la capacidad laboral de las personas. “Estos reportes no pueden ser utilizados como una herramienta para discriminar o limitar las oportunidades de las personas”, explicó.

También incluye que la protección estricta de los datos personales y corrección obligatoria de errores no sea mayor de 15 días, es decir, si existe un error en el buró de crédito de una persona que ya pagó o que no tenía por qué estar ahí, en 15 días que sea solventado.

“Con esta reforma proponemos impedir que el buró de crédito sea una herramienta que limite el crecimiento, que no perjudique a las mexicanas y mexicanos, que sea una herramienta de apoyo, que trabaje con transparencia como trabajan todas las instituciones de nuestro país y que los ciudadanos estemos seguros de qué forma estamos siendo evaluados”, finalizó el legislador.

PROPONE PARTIDO VERDE REFORMA PARA AGILIZAR LA INCORPORACIÓN LABORAL DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL PAÍS

  • Plantea nuevos criterios a considerar como experiencia laboral y que tengan doble valor cuando prácticas de alfabetización u otras acciones se desarrollen en el medio rural

Con objeto de fortalecer la incorporación laboral de los recién egresados, con especial énfasis de aquellos provenientes de las escuelas normales públicas del país, la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México, María Luisa Mendoza Mondragón, propuso reformar el artículo 30 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las >Maestras y los Maestros.

Plantea que el elemento de experiencia docente establezca en la propia ley como criterios de valoración: la práctica para la docencia, el ejercicio de la docencia frente a grupo y la participación en las acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Asimismo, que estos criterios puedan ser acumulables teniendo como límite la ponderación de puntaje máximo indicado en el Acuerdo correspondiente al proceso de admisión que emita anualmente la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

De este modo, explicó, se busca agilizar el proceso de incorporación de los egresados a las actividades productivas del país y su contribución al desarrollo social y económico en un área tan noble y fundamental para la nación como lo es la educación pública.

Mendoza Mondraqón señaló que con ello se plantea que los aspirantes que cumplan con más de uno de los criterios fijados puedan obtener un puntaje mayor cuando se compruebe su acreditación, además, se busca establecer que, si participaron en las acciones de alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en una zona rural, le sea asignado el doble del valor considerado a este criterio.

Resaltó que su iniciativa tiene como objetivo promover la equidad y transparencia en la asignación de plazas a los egresados de las instituciones de educación superior con carreras afines, de modo que se incentive la participación de los jóvenes en la vida social y económica de la nación., fomentando que participen en actividades extraordinarias como la alfabetización de adultos o en el ejercicio de la docencia frente a grupo, ya sea en una escuela pública o particular en educación básica, de modo que su esfuerzo se vea reconocido.

Señaló que, además, su propuesta va en consonancia con la propuesta de "Mi primer empleo" del Partido Verde Ecologista de México, respecto al inicio de la vida laboral formal de los jóvenes a quienes se les ha relegado por mucho tiempo con la excusa de no tener experiencia.

"La presente iniciativa busca que diversas actividades como la práctica para la docencia de egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, el acreditar que se dan horas clase frente a un grupo y las acciones de alfabetización, se consideren dentro de este elemento multifactorial de experiencia", enfatizó.

DIPUTADO DEL PARTIDO VERDE PROPONE REFORMAS PARA ELIMINAR BURÓ DE CRÉDITO

  • El principal objetivo es erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los usuarios

El diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los consumidores en el ámbito crediticio.

La propuesta presentada en la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril, contempla excluir algunos servicios de las disposiciones de la ley, como servicios relacionados con el trabajo o empleo, servicios profesionales que no tengan fines comerciales, servicios proporcionados por sociedades de información crediticia, excepto cuando se trate de datos personales.

“El objetivo de esta medida es definir claramente qué servicios están sujetos a la ley y evitar confusiones y abusos. De esta manera, se busca proteger a los consumidores y garantizar que las normas se apliquen de manera justa y transparente”, afirmó el legislador.

Asimismo, la iniciativa establece que los reportes de crédito y reportes especiales no podrán ser utilizados como indicadores para evaluar capacidades laborales, necesidades médicas, de vivienda u otros propósitos ajenos al ámbito financiero. También aclara que la consulta o adquisición de estos reportes no deberá condicionar la inscripción al buró de crédito, lo cual protege a los consumidores de usos indebidos de su información.

Otra medida importante es la incorporación de disposiciones que obliguen a especificar y corregir errores contenidos en los reportes de crédito. Esta modificación busca garantizar que los datos reflejados sean precisos y que los usuarios cuenten con mecanismos efectivos para solicitar enmiendas en caso de inconsistencias, contribuyendo así a la transparencia y justicia en el historial crediticio.

El diputado Ricardo Astudillo señaló que la aprobación de esta iniciativa tendría un impacto positivo directo en los consumidores, ya que les proporciona un mayor control sobre su información personal y crediticia. Además, evitaría usos no autorizados de sus datos y contribuiría a proteger su reputación financiera frente a posibles errores o malentendidos en los reportes de crédito.

Finalmente, Astudillo Suárez subrayó la importancia de que estas reformas avancen, pues representan un paso significativo para reforzar los derechos de los consumidores mexicanos frente a prácticas crediticias inadecuadas y garantizar el respeto a su privacidad e integridad.