Ejidatarios de la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, afectados por la crisis hídrica de la Cuenca del Río Colorado demandan una distribución justa y equitativa de los recursos del Programa de Conservación de Agua, acordado en marzo pasado, para solventar su situación económica con un programa de descanso de tierras e infraestructura hidroagrícola.
Representados por la diputada federal Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, comisariados ejidales del Valle de Mexicali y usuarios del Distrito de Riego 014, expusieron que su situación es crítica y externaron la necesidad de contar con el 90 por ciento de los recursos disponibles, es decir 54 millones de dólares para un programa de descanso de tierras que beneficie directamente a los usuarios del riego afectados y, por otra parte, un 10 por ciento, seis millones de dólares, para infraestructura hidroagrícola, infraestructura y crisis hídrica.
La diputada por Baja California, explicó que la Cuenca del Río Colorado, abastece a más de 40 millones de personas, en siete estados de la Unión Americana, así como a la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. Sin embargo, este río enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, la mayor sequía en los últimos 100 años, acentuada desde finales de los años noventa.
Ante ello, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la IBWC, acordaron como medidas adicionales de emergencia, en el Acta 330, firmada el 21 de marzo de este año, un programa de conservación de agua, lo que implica que dejará de enviar a México, 493.4 millones de metros cúbicos en el inter de los años 2024, 2025 y 2026.
Así mismo, en el acta, se establecieron 65 millones de dólares como compensación por los recortes que afectan directamente a los derechos de riego de los usuarios y a partir de ello, se propuso por parte de los usuarios de riego, un pago de mil 250 dólares por hectárea que se decida voluntariamente poner en descanso.
Los comisariados ejidales precisaron que las tierras que se descansan, son las menos productivas, las que se irrigan con agua de gravedad y donde se siembran cultivos con precios deprimidos,
No obstante, señalan que la situación es crítica considerando las condiciones productivas de esas tierras, de esta manera, dicha compensación de CILA representa en la actualidad el único sustento de los agricultores.
Por otra parte, indican que la cantidad que sugiere la autoridad de agua, la Conagua y el DR 014, para el descanso de tierras, siete mil pesos por hectárea, no es suficiente para la supervivencia y recuperación económica de los agricultores, por lo que recibir dicha cantidad generaría graves problemas sociales y productivos.
La diputada ecologista, resaltó que es por esta razón que los usuarios proponen una distribución más justa, equitativa, transparente y humanitaria de los acuerdos y, además, proponen utilizar los recursos aún disponibles del orden de 21.5 millones de dólares, del Acta 323, firmada en el 2017, para ejercerlos en el desarrollo de infraestructura hidroagrícola.
- Un punto central de la propuesta es la prohibición del asbesto, un material altamente cancerígeno que se utiliza en México, a pesar de que más de 30 países han implementado prohibiciones.
Ante el alarmante crecimiento del cáncer en nuestro país, con más de 195 mil nuevos casos anuales, la senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa de ley que reforma la Ley General de Salud para prohibir el asbesto en México, por ser un material altamente cancerígeno.
Lamentó que a pesar de que más de 30 países han implementado la prohibición del asbesto, en nuestro país se sigue utilizando, comercializando y distribuyendo mediante productos de uso cotidiano, para aislar fábricas, escuelas, casas y barcos o producir frenos de automóviles, al igual que las tejas en los techos, los tinacos en las azoteas, losas para el piso, cementos y diversos textiles.
Por ello, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 282 de la Ley General de Salud, para prohibir su uso, almacenamiento, comercialización y distribución del asbesto y sus variantes, así como sus derivados y productos, por ser un material altamente peligroso.
Refirió que desde 1986, más de 50 países en el mundo lo han prohibido y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado altamente peligroso y cancerígeno. Se ha demostrado que la exposición es causa de cáncer de pulmón, pleural, laringe y ovario, entre otros tipos más.
La senadora ecologista enfatizó que el asbesto no solo representa un riesgo para la salud de quienes están expuestos, sino que también contamina el agua y el aire, afectando a la población y al medio ambiente. "No podemos permitir que los intereses económicos prevalezcan sobre la salud pública".
Cabe destacar que la iniciativa también contempla un período de gracia para que la industria se adapte a esta prohibición, pero enfatiza que la urgencia de la situación requiere una acción inmediata.
Se estima que para 2026, los diagnósticos por agentes cancerígenos aumentarán en un 50 por ciento, lo que hace aún más apremiante la necesidad de tomar medidas efectivas, por lo que "no podemos ignorar o tolerar ninguna sustancia o producto que nos exponga a desarrollarlo. Debemos decirles no. Y entre estos productos peligrosos tenemos el asbesto".
- Lo que se busca es ofrecer una reducción de hasta el 80 por ciento en el pago de diversos impuestos a las empresas que demuestren que tienen contratadas a personas de este sector de la población
- Entre los impuestos sujetos a esta reducción se incluyen: Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles, Impuesto Predial, Impuesto sobre Espectáculos Públicos, Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, e Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
La diputada del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Elvia Estrada Barba, presentó durante la sesión ordinaria de este jueves, una iniciativa a fin de fomentar la inclusión laboral y garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.
En tribuna, la legisladora del Partido Verde, informó que el objetivo de esta propuesta es fortalecer las acciones de protección del derecho al trabajo; promover una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa con los derechos humanos de las personas con discapacidad de la capital; y eliminar las barreras para acceder a oportunidades laborales justas y equitativas que aún enfrenta este sector de la población.
En el Recinto legislativo del Congreso local, la congresista detalló que, con esta iniciativa, se busca ofrecer una reducción de hasta el 80 por ciento en el pago de diversos impuestos a las empresas que, de acuerdo con las reglas generales que emita la Secretaría de Administración y Finanzas local, demuestren que tienen contratadas a personas con discapacidad.
Asimismo, indicó que entre los impuestos sujetos a esta reducción se incluyen: Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles, Impuesto Predial, Impuesto sobre Espectáculos Públicos, Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, e Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para aquellos adaptados para facilitar el trabajo de personas con discapacidad.
También puntualizó que el porcentaje de reducción se determinará en función de la proporción de personas con discapacidad contratadas en relación con el total de la plantilla laboral de cada empresa.
Ante las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, la congresista informó que, de acuerdo al Censo de Población 2020, en la Ciudad de México, habitan 493 mil 589 personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, lo que representa el 5 por ciento del total de la población.
Aunado a lo anterior, la legisladora señaló que la tasa de desempleo entre personas con discapacidad es 40 por ciento superior al de las personas sin discapacidad, y tres de cada cuatro personas de este sector de la población en edad laboral, perciben que enfrentan restricciones en relación con el empleo, "lo que subraya la gravedad de la situación y lo importante de esta iniciativa".
"Estoy convencida que al incentivar la contratación de personas con discapacidad además de promover su inclusión laboral y combatir la discriminación, garantizaremos su acceso al empleo, su independencia financiera, mejoraremos su calidad de vida y seguiremos construyendo una Ciudad de México inclusiva, equitativa y respetuosa con los derechos humanos", concluyó.